Marlaska decide zanjar el caso del ‘Yak’ juzgando sólo a tres militares

A.G. Madrid
Ni el Gobierno ni la Justicia están dispuestos a que el caso del Yak-42 se les escape de las manos, tal y como podría suceder si, por mediación de los familiares de los 62 militares que fallecieron en aquel accidente aéreo, el proceso sigue mucho más tiempo cosechando titulares y poniendo en tela de juicio los mismos cimientos del sistema castrense español.
Para evitar tan incómodo escaparate, la Audiencia Nacional ha decidido obrar con la máxima celeridad y ayer informó de que juzgará al general médico Vicente Navarro y a los oficiales José Ramírez y Miguel Sáez para determinar si cometieron un delito de falsedad documental al asignar erróneamente la identidad a 30 de los 62 fallecidos el 26 de mayo de 2003 en la localidad turca de Trabzon.
Así pues, el juez Fernando Grande Marlaska pone fin a más de dos meses de instrucción, e impone a cada uno de los militares la obligación de abonar en 24 horas una fianza de dos millones de euros para cubrir las indemnizaciones que la sentencia pudiera asignar a los familiares de los fallecidos por daños morales y materiales, y de la que el Estado se haría responsable con carácter subsidiario.
El magistrado también da 10 días a la representación legal de los tres acusados para que formulen su escrito de defensa y propongan las pruebas que consideren oportunas practicar durante el juicio oral, que se celebrará ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal, que preside el juez Javier Gómez Bermúdez.
En su momento, la Fiscalía pidió cinco años de prisión para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y cuatro y medio para los dos oficiales que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.
Para Navarro también reclama una multa de 50 euros al día durante 20 meses (30.000 euros) y una inhabilitación especial durante cinco años, mientras que a los otros dos mandos les pide una cuota diaria de 50 euros durante 16 meses (24.000 euros) y cuatro años de inhabilitación.
De igual forma, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, aconseja indemnizaciones de 25.000 euros para cada uno de los cónyuges o personas unidas con análoga relación, padres e hijos de los 30 militares que fueron mal identificados.
Por su parte, la representación legal de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42 y otros grupos de allegados de las víctimas solicitaron que las multas ascendieran a 60.000 y 48.000 euros, respectivamente, y que entre los beneficiarios también estuvieran los hermanos de los finados.