Treinta años ha cumplido la Constitución, pero la letra del tango me sirve para constatar que por mucho tiempo que pase el nacionalcatolicismo, que fue el apoyo de la dictadura de Franco, no sólo no desaparece de nuestra actualidad política, sino que actúa con mayor virulencia.
El Ayuntamiento del municipio abulense de Pedro Bernardo decidió retirar una placa conmemorativa de los ‘caídos por Dios y por España’, en cumplimiento de la vigente Ley de la Memoria Histórica, colocada en la iglesia del municipio y el Obispado de Ávila reaccionó de inmediato con un comunicado furibundo en el que acusa a “las personas implicadas” de haber actuado “de forma ilícita, sin respetar el ordenamiento jurídico”. ¿A qué ordenamiento se refiere el señor obispo? Parece que para monseñor García Burillo la mencionada Ley de Memoria Histórica no existe, de modo que, en su opinión, “los hechos son constitutivos de una infracción de carácter penal”, por lo que se propone “emprender las acciones legales pertinentes”, pues, “nada legitima la actuación sobre la placa destruida”. “Nuestra intención siempre ha sido preservar la paz social”. Con esta velada amenaza se cierra su comunicado.
La actitud guerra-civilista que la jerarquía católica mantiene contra el Estado de Derecho no corre sólo a cargo de los violentos cruzados de la Cope, sino que, cuando es preciso, se manifiesta directamente por los obispos añorantes del franquismo. Jesús García Burillo, obispo de Ávila desde 2003, ya se ha distinguido como gestor de los bienes de la Iglesia. Con el apoyo de la mayoría del PP en el Ayuntamiento de Ávila, que recalificó un millón de metros cuadrados de rústicos a suelo industrial, ha dado un piadoso pelotazo urbanístico que ha reportado a las arcas del Obispado la muy santa cantidad de 19 millones de euros.
No estaría de más que la Junta de Castilla y León, que con frecuencia invierte los dineros públicos en el patrimonio de la Iglesia, por no hablar del pingüe negocio de la Escuela concertada, dejase oír su voz en defensa de la “legalidad vigente”, la de nuestro Estado de Derecho, que no la del franquismo.
