El presidente vasco acusa a Zapatero de suspender el autogobierno y urge al Constitucional para que dictamine antes del 15 de septiembre
Ibarretxe convocó a los medios de comunicación en el Palacio de Ajuria Enea para comentar sus planes ante el recurso de inconstitucionalidad. efe
Agencias Vitoria
El lehendakari Ibarretxe -y la totalidad de sus consejeros, que le arroparon ayer- demostró una vez más que no hay peor ciego que aquél que no quiere ver. Contra toda evidencia, incluso frente a la opinión de gran parte de su propio partido, el jefe del Ejecutivo de Vitoria se limitó a encogerse de hombros ante los recursos que el Gobierno y el PP presentaron al Tribunal Constitucional contra la ley autonómica que le autoriza a celebrar un referéndum de independencia a todas luces ilegal. Y no solamente pareció no darse por aludido, sino que, con la desfachatez de la que suele hacer gala, intentó erigirse en la víctima de una situación solo por él provocada y que conculca de plano el Estado de Derecho.
Así, como todo argumento y con un fondo no exento de amenaza, el nacionalista explicó que el recurso contra su consulta popular supone “un ataque, la supresión de hecho” del autogobierno vasco y, por tanto, una decisión “de extrema gravedad”.
Claro está, durante su solemne comparecencia en Ajuria Enea, el lehendakari no tuvo más remedio que admitir la evidencia de que la impugnación ante la Justicia supone la suspensión de su hoja de ruta, circunstancia que impide sus planes para citar a los vascos ante las urnas el próximo otoño.
Por ello, aparentemente más contrariado por la quiebra de su calendario que por las cuestiones legales de fondo, el mandatario regional exigió “claridad y decisión al Estado, de manera que decisiones políticas legítimas, legales y democráticas, como la consulta aprobada por el Parlamento, no se pretendan enterrar por el paso del tiempo y según los intereses partidistas de quien la suspende”, subrayó Ibarretxe.
Tras lanzar tales críticas, personalizadas en varias ocasiones en el presidente Zapatero, el peneuvista instó al Constitucional a que pronuncie sobre la legalidad de su referéndum antes del 15 de septiembre. “Esa es la fecha de convocatoria establecida en la propia ley y, de superarse manteniéndose la suspensión, perdería toda su vigencia, produciéndose el perjuicio irreparable e irreversible de hacer imposible su celebración”, razonó para argumentar su petición de premura.
En todo caso, Ibarretxe no parece dispuesto a permitir que nadie frene sus delirios.