El TC suspende la consulta secesionista de Ibarretxe

A.V. Bilbao
Tal y como la inmensa mayoría de los juristas daba por descontado, apenas dos días después de su publicación, la ley de Consulta impulsada por el Gobierno vasco ha quedado fuera de juego. El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite los recursos presentados por el Ejecutivo y el PP contra la norma aprobada por el Parlamento autonómico y deja en suspenso durante cinco meses el referéndum previsto por el lehendakari Ibarretxe como primer hito de su plan para proclamar la independencia de Euskadi.
En todo caso, la decisión de la máxima instancia judicial española no prejuzga el fondo del asunto, ya que será a partir de ahora cuando deba pronunciarse sobre su legalidad. Por ello, aunque no parece demasiado probable, todavía cabe la posibilidad de que, si la resolución se produce antes del 15 de septiembre -fecha prevista por el jefe del Gobierno regional para efectuar la convocatoria-, la cita con las urnas se celebre el 25 de octubre, tal y como es el deseo del líder autonómico.
La admisión a trámite de los recursos contra la consulta fue decidida por unanimidad por el Pleno del Constitucional, que además ha dado traslado de su decisión tanto al Congreso como al Senado, además de al Gobierno, al PP y a la Cámara vasca y al Ejecutivo de Vitoria, para que, en el plazo de 15 días, “puedan personarse en este procedimiento y realizar las alegaciones que estimaren convenientes”. Además, el Constitucional pide a las partes que se pronuncien sobre la eventual acumulación de ambos recursos -el del Ejecutivo y el de los populares- en un mismo procedimiento, lo que previsiblemente seproducirá en los próximos días.
La recepción de los recursos supone la suspensión automática del referéndum, ya que el Gabinete socialista invocó la facultad que le confiere el artículo 161.2 de la Constitución, que prevé la paralización cautelar durante cinco meses. El Constitucional también acepta la petición de los recurrentes para habilitar el mes de agosto, de manera que el tribunal podrá celebrar reuniones entre los lunes y viernes del mes que viene y resolver así el asunto con la máxima celeridad. Tal circunstancia hace previsible que el fallo llegue en septiembre, sin agotar por tanto los cinco meses.
Las reacciones fueron tan previsibles como la propia decisión, de modo que la vicepresidenta De la Vega, se encargó de transmitir la satisfacción del Gobierno por la parálisis de una consulta “ilegal” que, según insistió una vez más la número dos del Ejecutivo, no se va a celebrar, ya que solo contribuye a “dividir a los vascos” al enfrentar a unos ciudadanos con otros y “desafiar” las normas de la convivencia “en paz y armonía”.
Además, la socialista criticó el «falso victimismo» de Ibarretxe, con el que solo busca “conseguir una determinada ventaja en las elecciones vascas”.
Desde las filas populares, su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría se unió a la alegría por la “rapidez” con la que ha actuado el Constitucional y expresó su deseo de que a la “respuesta legal” que ha tenido el lehendakari se sume una “respuesta política” y el presidente del Gobierno vasco se “vaya a la oposición” tras las próximas elecciones. Y, frente al contento de los recurrentes, Ibarretxe se mostró a la vez cínico y resignado. “Se ha actualizado el despotismo ilustrado: todo para el pueblo vasco, pero sin el pueblo vasco”, resumió. Sin hacer más menciones a la consulta, el lehendakari se limitó a proclamar que la sociedad vasca necesita “autogobierno económico y político y más capacidad para decidir”.