El Tribunal Supremo ratifica la absolución del ‘Egipcio’

A.N. Madrid
La Justicia, con frecuencia acusada de depender en demasía del poder Ejecutivo, prefiere una vez más no desmentir más tales sospechas y, con una actitud pragmática donde las haya, ha optado por no remover los rescoldos del 11-M y dar por definitivamente buenos los resultados de las investigaciones llevadas a cabo, sin cuestionar ni una sola coma de un dictamen que el PP considera que deja sin resolver la cuestión de la autoría intelectual. Así, el Tribunal Supremo confirmó ayer la absolución de Rabei Osman El Sayed, Mohamed El Egipcio, dictada por la Audiencia Nacional en octubre pasado y, asimismo, anuló la pena de cárcel impuesta a otros cuatro condenados de segundo orden por la masacre
En suma, de los 21 considerados culpables por la Audiencia, el alto tribunal ha ratificado sin grandes modificaciones las penas de prisión para 17, absuelve a cuatro, condena a uno que había quedado sin cargos, el asturiano Antonio Toro, que ahora se enfrenta a cuatro años de prisión por tráfico de explosivos. El proceso por la masacre se zanja pues con 18 culpables de los 28 acusados, entre los que no está el Egipcio, que ya fue condenado en Italia por pertenencia a organización terrorista, igual delito que se le imputaba en España.
Cabe recordar que la Fiscalía y la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo habían recurrido la sentencia de la Audiencia por entender que el castigo que le ha sido impuesto en el país transalpino todavía no es firme lo que, a su juicio, obliga a la Justicia española a imponerle una nueva pena.
El Supremo no ha atendido dicha tesis, puesto que, más allá de la posible duplicidad de condenas, ni siquiera considera que se hayan probado las acusaciones contra Osman.
Por esa misma falta de pruebas otros cuatro implicados que fueron condenados quedan ahora absueltos. El caso más llamativo es el de Basel Ghalyoun, a quien la Fiscalía llegó a acusar de ser uno de los autores materiales de la masacre, y al que la Audiencia condenó a 12 años. Para el alto tribunal se trata de una persona de ideas radicales e incluso violentas, pero dichas circunstancias no alcanzan el “rango de prueba suficiente” para acreditar su pertenencia a banda armada. Argumentos similares son los que sirven para librar de sus penas a Mouhannad Almallah Dabas, sobre quien también recayeron 12 años de encierro.
El tercer absuelto es Abdellah Fadual el Hakil, condenado a 9 de años y contra el que el Supremo no ha encontrado pruebas que demuestren su colaboración consciente con la célula que cometió el 11-M, a pesar de que trasladó un coche de los terroristas. En cuanto al español Raúl González el Rulo, con una pena de 5 años por suministro de explosivos, queda exonerado ante la “debilidad” de la prueba de cargo contra él.
La sentencia conocida ayer deja cerrada la vía penal y solo queda ya resquicio para recurrir al Constitucional y a las instancias europeas. Ambas vías solo podrán ser utilizadas en caso de vulneración de algún derecho fundamental de los acusados durante el juicio, algo que ha sido denunciado por la mayoría de las defensas.
No obstante, al margen de la gran dilación en el tiempo, es improbable que la resolución conocida ayer sufra demasiados cambios.
Al igual que sucedió con la sentencia de la Audiencia, el pronunciamiento del Supremo mereció interpretaciones contrapuestas. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, aseguró que la verdad judicial demuestra “que la teoría de la conspiración fue un bulo”, que el Estado ha realizado una labor “impecable” y que “nuestro país ha sabido responder como ninguno al desafío del terrorismo internacional desde las reglas de la legislación democrática”. En cambio, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) cree que el dictamen pone en evidencia que todavía se desconoce quién ordenó los atentados.