La aportación del colectivo al PIB roza el 5% frente al 6,2 del tradicional sector primario
Reunión de la Comisión Provincial de Inmigración. j.m. lópez
Elena F. Gordón León
El trabajo de los inmigrantes ya se ha hecho “imprescindible” en León, tercera provincia de la Comunidad Autónoma en número de extranjeros censados -22-819, un 4,57% de la población total-, como en el resto de la región. Así lo demuestran los datos, que reflejan que la producción de este colectivo, que roza el 5% del Producto Interior Bruto (PIB)de Castilla y León, casi alcanza la aportación de la agricultura, sector primario tradicional que llega al 6,2%.
Así lo explicó ayer el director general de Políticas Migratorias y Cooperación al Desarrollo, Félix Colsa, quien presidió en la capital leonesa la reunión de la Comisión Provincial de Inmigración, en la que participaron los jefes de los servicios y departamentos afectados. Colsa reconoció que la visión del fenómeno de la inmigración varía en función de la realidad de cada territorio pero insistió en que en Castilla y León, lejos de ser un problema, supone “una oportunidad, para ellos y para nosotros”.
“Creo que es importante que se visualice el aspecto positivo del fenómeno migratorio y es responsabilidad de todos los actores que trabajan en este campo integrarlos cada vez mejor”, señaló antes de hacer hincapié en que esa importante contribución al PIB, “quepuede parecer fría en los números, la podemos llevar a la realidad de nuestras casas. Estamos hablando de que hay 6.000 y pico empleados de hogar, gente de trabaja en el campo, hostelería, sector servicios, personas que son imprescindibles para nuestra sociedad”. Si los ciudadanos, apuntó, “visualizamos la importante aportación que están haciendo a nuestra sociedad, mejoraremos nuestra percepción sobre este fenómeno, que no es una percepción mala pero sí es cierto que hay cierta preocupación en la población”. De hecho, los datos más recientes del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) reflejan que por primera vez los españoles colocan la preocupación por la inmigración por encima del terrorismo y después de la economía y el empleo.
El representante institucional recordó que las competencias en materia de inmigración corresponden al Estado, “aunque el Estatuto catalán se arroga competencias que no le corresponden” y señaló que las medidas que se lleven a cabo respecto a la actual situación económica del país y a sus posibles consecuencias en el mercado laboral no deben ser distintas para los extranjeros que para el resto de ciudadanos. “No se harán políticas discriminatorias, ni positivas ni negativas, porque se podría generar un rechazo no deseable. Va a haber medidas hacia todos, tienen que ser para toda la población”, matizó.