En pie de guerra contra el fuego

J. Muiña Madrid
Ray Bradbury describe en su novela Fahrenheit 451 una sociedad en la que los bomberos queman libros porque con su lectura las personas se alejan de la consecución de la felicidad. En esta delirante historia, su protagonista, Guy Montang, describe el poder seductor del fuego. Sin embargo, en esta sociedad fantástica no existen los 6.132 incendios forestales que se produjeron en España en los cinco primeros meses del año, y que arrasaron 23.000 hectáreas, una cifra que dobla a la registrada en el mismo período de 2007.
La realidad resulta mucho más cruel. Los fuegos registrados entre los años 1979 y 2007 se cobraron la vida de 243 personas, 190 de las cuales formaban parte de los equipos de extinción. A las pérdidas humanas se suman las económicas. Así, el Incendiómetro de WWF/Adena cifra en 14.000 millones de euros las pérdidas asumidas por España entre 1991 y 2006.
Uno de los principales problemas en la lucha contra las llamas surge con la heterogeneidad de políticas de prevención aprobadas por las Comunidades Autónomas, que tienen transferidas las competencias en esta materia. “Cada región diseña un modelo distinto sin plantearse que el fuego es un problema que muchas veces traspasa fronteras”, asegura Eva Hernández, técnica del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (Istas) de CCOO.
Miguel Ángel Soto, jefe de la campaña de bosques de Greenpeace, reconoce que “la situación ideal sería una coordinación plena entre Comunidades Autónomas”, unos convenios de colaboración que existen en la actualidad entre autonomías como Baleares, Aragón y la Comunidad Valenciana; Castilla y León y Asturias o entre Extremadura y Andalucía, por citar solamente algunos ejemplos.
Hernández señala, por su parte, la creación de mesas de coordinación permanente entre las administraciones autonómicas, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y las otras 11 carteras implicadas en la lucha contra los incendios forestales como una solución a la heterogeneidad de políticas que están causando un daño tremendo al medio ambiente.
El Ministerio de Elena Espinosa ha declarado en este año el 65% del territorio nacional Zona de Alto Riesgo, una cifra poco precisa, puesto que en ella no se incluyen los datos de Comunidades como Galicia, País Vasco, Navarra o Islas Canarias, de ahí que los especialistas consideren el porcentaje real mucho más elevado. Pese a estas cifras, la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) denuncia que en 2006 los planes de gestión no superaron el 13,8% del territorio forestal, es decir, que de los 27 millones de hectáreas de monte, menos de cuatro millones se encontraban ordenadas y gestionadas. Ante esta situación, WWF/Adena solicita a los Gobiernos central y autonómicos un incremento de hasta un 40 por ciento para la superficie forestal bajo planes de gestión en vigor hasta el año 2010.
Comisiones Obreras, por su parte, denuncia en su informe Evolución de los incendios forestales en España y de la situación de los trabajadores de prevención y extinción los desajustes entre el personal destinado a la prevención de incendios y el contratado para la extinción. Como ejemplos de esta situación cita a Extremadura, donde 901 personas trabajan en la prevención frente a las 1.155 centradas en la extinción, una desigualdad que aumenta en Cantabria o Asturias, donde la proporción es de 219/562 y de 500/731, respectivamente.
La realidad es que este verano, 51.216 personas como Pedro Almansilla y Alberto Semillán, dos de los miembros del retén fallecidos en el incendio de Guadalajara en 2005, velarán precisamente para evitar catástrofes como la ocurrida en Riba de Saelices. Porque los incendios forestales no forman parte del universo fantástico de Fahrenheit 451, sino de la cruda realidad.