Justicia más allá de La Haya

María Verza Madrid
Durante las guerras en la antigua Yugoslavia se cometieron miles de asesinatos y la Justicia no da a basto para procesarlos. El Tribunal Penal Internacional de La Haya (TPIY) ha juzgado ya a 161 personas. El próximo será el líder serbo-bosnio Radovan Karadzic, capturado la semana pasada, y solo quedan prófugos otros dos criminales de alto rango: el general Rantko Mladic y el líder serbo-croata Goran Hadzic. Pero al margen de estos nombres, miles de casos aguardan su turno en tribunales regionales y locales.
El TPIY se creó en 1993 para enjuiciar los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en las guerras balcánicas (deportaciones forzosas, asesinatos, genocidio, violaciones, ataques a objetivos civiles...). Ha concluido más de un centenar de procesos, 46 siguen abiertos y ha emitido una única sentencia por genocidio, contra Radislav Krstic, el número dos de las tropas serbo- bosnias por la matanza de Sbrenica.
El pez más gordo que se sentó en el banquillo fue el ex presidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, que murió antes de que acabara su juicio, y otro caso importante será ahora el de Karadzic, pero la Haya no es el todo, solo parte.
En los tribunales de Bosnia-Herzegovina los propios afectados imparten justicia (con el asesoramiento internacional) a criminales de guerra en cortes locales, cantonales o estatales mediante un sistema judicial, que si se superan los problemas actuales, puede ser modelo para otros países.
Este entramado comenzó a funcionar cuando se constató que el TPIY, que tiene un tiempo limitado de vida (en principio hasta 2010), se desbordaba. Por eso se optó por que allí solo llegaran los máximos responsables, mientras la Cámara de Crímenes de Guerra de Sarajevo (creada en 2005) se podía encargar de los mandos intermedios y las cortes locales o cantonales de los de menor rango, como soldados o policías.
Sin embargo, en estos últimos tribunales las carencias son enormes: las víctimas llevan más de una década en espera de que se haga justicia, faltan medidas para su protección, cooperación entre fiscales y policías, y también apoyo financiero y político. Además, en muchos casos existe desinterés, connivencia o miedos para llevar a cabo las investigaciones y los fiscales tienen problemas para utilizar documentos de La Haya.
“Ha pasado tanto tiempo que los testigos han olvidado muchos detalles importantes, algunos han muerto o han huido, y no se les ayuda económicamente, ya que tienen que costearse el transporte hasta la corte hasta en 10 ocasiones y muchas veces viajan junto a los familiares de los acusados y viven escenas muy duras”, explica a investigadora de la ONG Human Right Watch (HRW) para los Balcanes, Wanda Troszczynska.
El número de casos pendientes, añade Troszczynska, se cuenta por miles. “Se suele dar la cifra de 16.000, pero es exagerada, porque en ella se incluyen también quejas y no solo los casos penales”.
Organizaciones como la suya siempre esperan que la captura de un personaje importante, como fue hace años Milosevic y ahora es Karadzic repercuta positivamente. “Todo influye, aunque más a nivel político y psicológico que en el práctico”, comenta.
Pero sobre todo hace falta dinero y presión política. La Cámara para Crímenes de Guerra de Sarajevo tiene un balance exitoso con 57 procesos en tres años. En las cortes locales los datos son más contradictorio y surgen problemas cuando el acusado es miembro de la mayoría étnica de la zona donde se le enjuicia. En la entidad serbia de Bosnia-Herzegovina, Srpska, solo se han realizado 18 procesos y pronunciado siete veredictos desde que acabó la guerra mientras que en la Federación Bosnia ha habido 144 sentencias y 25 casos siguen abiertos.
“Falta una estrategia de justicia global para toda la región”, insiste Troszczynska. Por un lado se necesitaría armonizar las distintas legislaciones existentes, se producen problemas porque se dictan condenas muy distintas para el mismo crimen según el tribunal. Por otro, es preciso apoyo material y voluntad política para llevar a cabo los procesos.
“Los donantes tienen que prestar atención a este modelo de justicia”, reclama Troszczynska. Por ello, HRW pide a la comunidad internacional más apoyo, que acepte a los testigos que huyen y solicitan protección.