El Comité Ejecutivo de la UPL, máximo órgano entre congresos, aprobó el pasado martes, en una reunión que se alargó hasta la media noche, la inhabilitación de su ex secretario general, Joaquín Otero, por cuatro años, la misma medida por tres años para el asesor del grupo leonesista en las Cortes y portavoz en el Ayuntamiento de San Andrés, Luis Herrero Rubinat, y por seis meses para Héctor Castresana, también procurador en la Cámara autonómica. La decisión es consecuencia de los últimos episodios que se han vivido en el partido desde la salida de Otero de la dirección, y que tuvieron su máxima expresión en la apertura de una oficina parlamentaria al margen de la sede de República Argentina con logotipo y colores propios. Es más que evidente el desencuentro total de Melchor Moreno y Javier Chamorro con Otero, puesto en evidencia muchas veces con declaraciones de este último en contra del pacto que mantiene la UPL en el Ayuntamiento de León. Lamedida tomada por el Comité Ejecutivo impide a Otero volver a presentarse en las próximas elecciones autonómicas, mientras que deja un estrecho margen a Castresana en la búsqueda de una posible marcha atrás por parte del también jugador ademarista. El leonesismo, clave en la gobernabilidad de la ciudad de León en los últimos mandatos municipales, vive momentos de gran convulsión interna. Primero fue la ruptura entre José María Rodríguez de Francisco y la UPL de Otero y Chamorro y ahora se repite la historia con el mismo desenlace entre Otero y Chamorro. El futuro político del procurador leonesista puede estar en un nuevo proyecto político dentro de tres años. En resumen, el leonesismo está abocado a viviruna nueva división en las urnas, si no desaparece.
