Solbes descalifica las propuestas hechas por la ‘Generalitat’

Pedro Solbes está dispuesto a dar la ‘batalla’ al PSC. efe

NOTICIAS RELACIONADAS

• Cataluña no puede negociar ‘de tú a tú’ con el Estado

Agencias Madrid
El ministro de Economía, Pedro Solbes, sigue siendo, más que un político profesional, un técnico. Quizá por ello no se sienta tan obligado a seguir los pasos de su jefe, el presidente Zapatero, mucho más obsesionado por las consecuencias electorales de cada una de las medidas del Gobierno.
Tal sinceridad fue sin duda la que ayer le llevó a enemistarse con sus todavía compañeros del PSE y criticar abiertamente el pilar básico del modelo de financiación previsto en el Estatuto de Cataluña, que pretende limitar el fondo de solidaridad a la sanidad, la educación y los servicios sociales esenciales.
A juicio del también vicepresidente segundo, la Constitución “dice claramente que corresponde al Estado garantizar la financiación de todas las competencias transferidas a las comunidades, y buscaremos una fórmula para que eso se cumpla”.
El número dos del Gabinete tampoco está de acuerdo con la exigencia del Gobierno catalán para que la Administración central aporte 12.700 millones de euros más al sistema global de financiación autonómica.
Por ello, a pocos días del plazo fijado por el Estatuto, que vence el 9 de agosto, el acuerdo sobre las bases del nuevo modelo de reparto está bastante lejos, ya que las posiciones entre el Ejecutivo central y la Generalitat sobre el alcance de la solidaridad entre regiones sigue muy distante.
Solbes está convencido de que algunos servicios básicos, como la justicia, también deben financiarse desde Madrid, ya que en ciertas autonomías, como Cataluña, “con una base fiscal amplia”, esas competencias se pueden sufragar con sus propios ingresos, “pero no necesariamente en todas sucede igual, y no podemos dejar de prestar esos servicios fundamentales en otras” partes del país.
En cuanto a la vinculación que hacen los nacionalistas catalanes entre apoyar los próximos Presupuestos Generales y lograr un modelo de financiación que les satisfaga, Solbes explicó que trabaja para intentar que las cuentas públicas para el año que viene puedan aprobarse, pero que “siempre es posible” afrontar un nuevo año con unos Presupuestos antiguos.
En todo caso, el ministro mostró su esperanza en que, merced a “los contactos” que mantiene con los partidos de la oposición, no sea necesario recurrir a las prórrogas.
Y mientras el Ejecutivo culpa a los catalanes, el PP hace recaer todas las responsabilidades sobre los propios socialistas. Más en concreto sobre el presidente andaluz, Manuel Chaves.
El secretario general de los populares de la región sureña, Antonio Sanz, considera que el jefe de la Junta tiene buena parte de culpa de la “radicalidad” de la Generalitat a la hora de plantear sus exigencias sobre la financiación.
A juicio del conservador, Chaves ha estado “riendo las gracias al PSC y ERC durante año y cometió el grave error de apoyar el Estatuto, lo que ese ha traducido en que hoy está poniendo en peligro los recursos del sistema que deben llegar a Andalucía y la solidaridad”. En tal sentido, calificó de “incomprensible” que el líder andaluz haya dado “un cheque en blanco” a Solbes, ya que la propuesta del Ejecutivo no contempla elementos de equilibrio interterritorial”.
Y lo cierto es que el modelo sugerido por el Ejecutivo no parece excesivamente bueno, puesto que no contenta a nadie. De hecho, los propios republicanos a los que el PP señala como beneficiados por la situación también cargaron contra el vicepresidente económico. Según el vicesecretario general de Coordinación Interna de ERC, Eduard López, el ministro “vulnera el Estado de Derecho” al “negarse a cumplir en materia de financiación una ley plenamente vigente como es el Estatut”.
Más allá de la lección de Derecho, el independentista se permitió el lujo de advertir sobre “las consecuencias” que puede tener la actitud de Madrid. Por supuesto, en el fondo de la cuestión, mucho más que un problema de ortodoxia jurídica, subyace la reclamación de más dinero, puesto que, según López, “el nudo de la cuestión es ver ahora si el Gobierno español tiene o no voluntad de poner fin a un sistema de financiación que ahoga a la economía catalana”.