La Junta investiga si el portavoz del PP en Villaquilambre incurrió en alguna irregularidad
Emilio Fernández Tuñón.
L.C. León
El jefe del Servicio Territorial de Industria en León, Emilio Fernández Tuñón, y la jefa del Servicio de Fomento, Ana Isabel Suárez Fidalgo, presentaron ayer su dimisión a raíz de la investigación que se lleva a cabo sobre la vinculación de funcionarios del gobierno autonómico al sector de la energía solar, según confirmaron fuentes de la Delegación Territorial de la Junta en León.
Ese análisis reveló que cada uno posee dos licencias de huertos solares que se solicitaron y fueron concedidas en las mismas fechas que las de los negocios del ex secretario territorial de la Junta, Javier Lasarte, quien dimitió la pasada semana después de conocerse su relación directa con un total de 11 plantas de producción fotovoltaica. El delegado territorial de la Junta, Eduardo Fernández, reconoció ayer que lo ocurrido supone para él, en el ámbito personal, “una sorpresa muy desagradable y molesta”. Fernández no oculta su sospecha de que el número de funcionarios de la administración autonómica relacionados con el negocio de la energía solar es más elevado del que se conoce hasta ahora. “Claro que puede haber más casos, estamos investigando pero cuando actuamos contra alguien no puede ser por rumores. Tiene que haber nombres, apellidos y empresas”.
También sugiere que el caso puede extenderse a otras provincias y tratarse más de un asunto relacionado con un área de gobierno de la Junta que con un lugar concreto. “Vamos a ver si esto es un tema de León otenemos que analizarlo desde un punto de vista más competencial que territorial”. Respecto a las dimisiones de Tuñón y Suárez destacó que los reproches que se les pueden hacer están más en el ámbito de la confianza que de lo meramente administrativo. “Hemos puesto el nivel de exigencia ética en un sitio pero no implica que haya habido irregularidad alguna”, dijo.
Respecto al caso de Jesús García Flórez, socio de un negocio solar, comentó que la Junta investiga “si ha tenido, como funcionario, alguna intervención directa en su expediente”. “Hay que analizarlo con mucho detenimiento en el seno de un expediente en el que él hace sus alegaciones y ver si existe obligación de comunicación, abstención o petición de compatibilidad”.