Gobierno y PP quieren evitar otro ‘caso De Juana’

Si Gobierno y populares llevan a la práctica su acuerdo, los etarras no podrán vivir cerca de sus víctimas. EFE

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Agencias Madrid
El modelo penal español, nacido hace siglos y enfocado sustancialmente hacia la redención del preso, pierde fuelle a pasos agigantados. La idea de que se debe aborrecer el delito pero es necesario compadecer al delincuente ha quedado desfasada a la luz de conductas delictivas como la pedofilia, el terrorismo o los malos tratos, que trascienden la esfera del individuo para convertirse en cánceres sociales que es necesario erradicar en pro de la misma convivencia.
Por desgracia, hasta que no se diseñe un escenario jurídico nuevo, la única solución para proteger a la sociedad de los delincuentes psicopáticos es aumentar su estancia en prisión, no tanto para lograr que se arrepientan como para, simplemente, aislarlos.
Basta recordar casos como el del asesino de la niña Mari Luz o el del etarra José Ignacio de Juana Chaos para darse cuenta de que la ciudadanía ya no está interesada en recuperar a los asesinos y violadores, sino que se conforma con evitar que tengan la oportunidad de reincidir.
Con tales planteamientos, que no son sino el fracaso del Derecho clásico, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, informó ayer de que, en otoño, presentará al Parlamento una reforma del Código Penal centrada en el endurecimiento de las penas por pederastia, así como en el establecimiento de medidas postdelictuales, esto es, las que se adoptan como precaución una vez que el reo ha satisfecho su condena. “Lo que nos preocupa es qué ocurre el día en que, cumplida totalmente la pena, hay un pronóstico negativo de reinserción”, aseguró el socialista.
Por ello, subrayó, el Ejecutivo trabaja “en la articulación de una serie de medidas de control que permitan que se pueda vivir en la calle, pero en régimen de limitación de libertad, no de privación”. Como medidas concretas, Bermejo citó “mecanismos de vigilancia que pueden ser directos y que se pueden articular a través de medidas electrónicas”.
que no se lleven el dinero. El ministro se refirió también a otra serie de reformas centradas en el ámbito civil y que persiguen que “nadie disfrute de bienes si tiene una condena que implica indemnizaciones”. Se refería a los casos de violencia de género y de terrorismo.
Con tales iniciativas, Justicia persigue “reformar la regulación de los contratos de seguro, para que no puedan ser beneficiarios de pólizas de vida o de otro tipo aquellas personas con condenas por delitos de violencia machista”.
Dichos planteamientos, diseñados para los agresores sexuales, son, o al menos así lo considera el PP, perfectamente trasladables a los terroristas. El partido de Mariano Rajoy se ampara en el escándalo que ha provocado la salida de prisión de De Juana Chaos, que ha permanecido encerrado apenas 18 años por 25 asesinatos.
A la hora de evitar que, en lo sucesivo, ocho meses de condena puedan purgar un crimen, tanto populares como socialistas, ambos de acuerdo en atender la demanda ciudadana de mano dura, reconocen que no hay demasiado margen, puesto que España tiene ya una de las legislaciones más severas en el castigo de los terroristas.
Por ello, el trabajo conjunto ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba y el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, se centra en tapar las “lagunas” del actual Código Penal.
Al respecto, el conservador explicaba hace pocos días que su partido se plantea como punto de partida revisar artículos vigentes pero que no se aplican. Concretamente, el 96 del Código Penal, que enumera 12 medidas tales como la prohibición de residir en un lugar determinado, o la prohibición de acudir a determinados lugares.