Moncloa acusa al PSC de alentar una guerra por la financiación

Agencias Barcelona
El Gobierno central ya ha asumido que tiene al enemigo en casa y, olvidados los disimulos de estos últimos días, dejó ayer claro que sus presuntos compañeros del PSC, con el president Montilla a la cabeza, son los verdaderos azuzadores de la batalla entre las comunidades a cuenta del futuro modelo de financiación.
Así lo explicaba ayer la vicepresidenta De la Vega, quien, todavía con cierto respeto a las formas, expresó su confianza en que los socialistas catalanes sean “responsables” y, más allá “de algún exceso verbal”, se esfuercen para alcanzar el consenso.
La respuesta, bastante menos comedida, corrió por cuenta del conseller de Economía, Antoni Castells, quien, sin demasiados argumentos, consideró que las declaraciones de la socialista son buena muestra de “la especialidad de la casa” del Gobierno, que trata de “intimidar y amedrentar” en vez de dialogar y argumentar.
No obstante su brusquedad, lo cierto es que Castells estuvo exquisito en comparación con el ex diputado de ERC Joan Puig, que proclamó que “con España no se puede negociar” y que a Madrid “solo hay que comunicarle el día y hora de la declaración unilateral y democrática de independencia”.
El republicano, cuyo partido es socio del PSC en la Generalitat, se refería así al “incumplimiento” por parte de Moncloa de la fecha límite (9 de agosto) que marca el Estatut para el consenso del nuevo modelo de reparto de los fondos del Estado.
También terció ayer en la polémica el presidente del PP, Mariano Rajoy, quien solicitó la convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso para que autorice un pleno extraordinario en el que Zapatero informe de la negociación en torno a la financiación autonómica.
“Es muy importante que explique lo que está pasando, porque aquí se nos dice que al Gobierno no le van a apoyar los Presupuestos, pero gente de su propio partido, y los grupos que respaldan al Ejecutivo, declaran una cosa y la contraria”, aseveró el jefe de la oposición.
“La gente tiene derecho a saber qué va a pasar con el dinero de los contribuyentes”, afirmó el conservador, que espera contar con el respaldo de los demás grupos para conseguir la comparecencia.