La Junta finaliza las medidas contra una plaga que causó más de 15 millones de euros en pérdidas
La Junta aprobó la colocación de veneno a través de tubos en las tierras para acabar con la plaga. j.m. lópez
Laura Matabuena León
El año pasado, fueron el tema estrella en toda tertulia agrícola que se preciase. Pero a día de hoy, según la Junta de Castilla y León, la plaga ha sido erradicada y las medidas contra ellos han finalizado. Hablamos, por supuesto, de los topillos, que el año pasado camparon a sus anchas por los campos castellanos arrasando parte de los cultivos de la comunidad.
Concretamente, según estimaciones de las principales organizaciones agrarias el pasado verano, fueron más de 50.000 las hectáreas afectadas en León, que se sumaron a las 450.000 del resto de la Castilla y León, con pérdidas en la provincia por encima de los 15 millones de euros. Los cultivos más castigados fueron los de secano, aunque también llegaron al regadío, especialmente en el sur-sureste leonés, siendo la comarca de Sahagún la principal afectada.
Los animales se multiplicaron, llegando a alcanzar en su punto álgido, según diversas estimaciones, la cifra de 700 millones de animales en circulación, contabilizándose, incluso, 1.000 por hectárea. Ahora, según la Administración, son sólo unos 25 por hectáreas, cifras normales en este tipo de roedores, lo que ha supuesto una reducción de hasta un 97% en el número de ejemplares.
La batalla contra el topillo comenzó de manos de los propios agricultores, poco dispuestos a dejar arrasar sus tierras, que usaron todos los medios a su alcance para defender sus cosechas. Inundaron zanjas para intentar que se ahogaran, destrozaron madrigueras... Pero nada parecía acabar con ellos.
Ante lo que consideraron una inoperancia total de la Administración, los agricultores iniciaron movilizaciones públicas para solicitar medidas oficiales. Estas, llegaron tarde para los agricultores y las principales asociaciones agrarias ya que, como afirma Matías Llorente, secretario general de Ugal-UPA, en un primer momento, “no se quiso reconocer la gravedad del problema”.
En julio de 2007, cuando la plaga había alcanzado ya su punto álgido, la Junta comenzaba un plan que alcanzó, en dos meses, a 621 municipios en los que se autorizó, excepcionalmente, la quema de rastrojos y la aplicación de pesticidas. Esta actuación supuso nuevas controversias, ya que los ecologistas denunciaron el uso de la clorofacinona, veneno utilizado, por considerar que suponía un atentado contra el equilibrio natural. Por otra parte, entre los consumidores se temían los efectos adverso sobre los alimentos. Sin embargo, el brote de diversos casos de turalemia, enfermedad asociada a los roedores, dejo atrás los recelos.
Tras cambiarla por la bromadiolona se continuó, colocando el producto directamente en las madrigueras, lo que implicó un operativo de 710 personas. Meses después, el pasado mayo se concluyó que la plaga había finalizado, aunque se continuarían con las labores de prevención y vigilancia. 6