¿Hace falta la cadena perpetua?

La Constitución es difícilmente compatible con la prisión perpetua. patricia

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Spc Burgos
Casos como el del asesino de la niña Mari Luz y el etarra De Juana Chaos han puesto de rabiosa actualidad la vigencia de un sistema penal y carcelario decimonónico, orientado a la reinserción del delincuente y que, con harta frecuencia, permite que auténticos monstruos estén en la calle tras cumplir apenas una parte de condenas que a gran parte de la sociedad se le antojan ridículas.
En teoría, mecanismos como la redención de penas mediante trabajos y estudios realizados en prisión, el sistema de grados, que permite al reo ir alcanzando de manera progresiva la libertad, o el límite de 20 años como período tope de permanencia entre rejas, están diseñados con la loable intención de reinsertar al criminal y permitirle volver a la sociedad después de haber tomado conciencia de la maldad de su conducta.
Semejantes postulados, acuñados durante la época ilustrada, rebosan humanismo pero, del mismo modo, han quedado completamente desfasados ante conductas psicopáticas o terroristas.
Nada le importa al Código Penal que los asesinos de niños o los pistoleros del tiro en la nuca, lejos de proclamar su arrepentimiento, muchas veces declaren estar orgullosos de sus actos y se muestren plenamente decididos a reincidir. Ya quieran o no integrarse, la ley les dejará libres cuando cumplan los blandos requisitos de la normativa actual.
Tales consideraciones, frecuente objeto de debate público en los últimos tiempos, han generado una corriente de opinión, cada día más generalizada, que aboga por olvidar el aspecto terapéutico de la prisión y reclama que, sin más, las penas sirvan para apartar a los indeseables irredentos del resto del mundo y, de paso, les impidan volver a la calle para seguir cometiendo atrocidades.
Semejante posibilidad, que, de facto, implica la adopción de la cadena perpetua, era hasta ahora una de esas aspiraciones políticamente incorrectas de las que no se podía siquiera hablar en público por temor a ser tachado de retrógrado.
Por suerte o por desgracia, la psicosis terrorista generada por los atentados del 11-S y el 11-M y la indudable involución de las libertades que sufre Occidente bajo la batuta de EEUU, donde no solo se puede pasar toda la vida entre rejas, sino que se aplica con generosidad la pena de muerte, han roto ese tabú.
Y ello es así hasta el punto de que, durante los últimos días, prestigiosos juristas que desempeñan sus cargos en organismos judiciales españoles se han atrevido a manifestar públicamente su punto de vista favorable a la posibilidad de instaurar la mencionada cadena perpetua.
El primero en hacerlo fue el vocal del CGPJ Enrique López, quien, durante una conferencia defendió la constitucionalidad tal medida, eso sí, siempre con la salvedad de que fuera “revisable”.
A su juicio, tal y como sucede en Francia, donde, transcurrido un mínimo de 26 años de condena, se somete al preso a un examen para analizar sus posibilidades de reinserción.
López subrayó que tal medida “exige necesariamente un arrepentimiento”, de modo que se evitarían casos como el de De Juana Chaos.
Tales consideraciones se vieron de inmediato secundadas por el magistrado del Tribunal Supremo Francisco Monterde, quien cree que la medida propuesta por su colega del CGPJ es una medida “muy razonable”, ya que, además de evitar la reincidencia de los contumaces, podría también terminar con “muchos efectos llamada”, así como con la imagen de España como un país muy condescendiente con la delincuencia.
Monterde, que recordó que, además del país galo, tales medidas también se aplican en Alemania, matizó que, dado que la Constitución establece que las penas “están encaminadas a la reinserción, la cadena perpetua propiamente dicha no puede existir”.
No obstante, semejante posibilidad, revolucionaria para nuestro sistema jurídico no es bien acogida por todos. Especialmente llamativos resultan los reparos del portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, para quien la posibilidad de implantar la cadena perpetua constituye un debate “inútil y superado” que supone volver a una mentalidad “decimonónica”.
En opinión del conservador, el que los terroristas permanezcan en prisión “hasta que se mueran”, no cumple “la finalidad de la pena”, ya que “no se gana nada con que una persona se quede entre rejas cuando ha tenido un total de cumplimiento efectivo de 40 años”.
En lo que sí están de acuerdo tanto el popular como los socialistas es en establecer una especie de sucedáneo, que consistiría en imponer a los terroristas que no se arrepientan una custodia complementaria que se llevaría a cabo mediante vigilancias durante toda una década tras abandonar el presidio.
Asimismo, se pondrían en vigor las olvidadas medidas de seguridad que ya recoge el Código Penal y que consisten, entre otras, en apartamiento del lugar donde se ha cometido el crimen, la prohibición de visitar determinadas zonas o establecer contacto alguno con las víctimas.