200 vecinos están acogidos a programas para personas con dependencia

Imagen de la Casa de Cultura de Villaquilambre donde se encuentra el Ceas que gestiona estas ayudas.

O.G. Villaquilambre
Más de 200 vecinos de Villaquilambre están acogidos a algún tipo de ayuda para personas dependientes, bien sean las que ofrece la Junta a través de la Ley de Dependencia, el servicio de ayuda a domicilio que prestan entre la Diputación y el Ayuntamiento, la teleasistencia o las aulas de la memoria para la tercera edad.
Todas estas personas residentes en el municipio necesitan, en mayor o menor grado, la ayuda de familiares o profesionales para poder desempeñar parte de sus actividades diarias, por lo que estos programas suponen una importante ayuda tanto para ellos como para sus familias.
De estos dos centenares de vecinos, 39 están acogidos a la teleasistencia y 53 están dentro del programa de ayuda a domicilio que presta la Diputación con ayuda del Ayuntamiento que atiende a 12 de estas personas. El servicio se presta a través del Centro de Acción Social (Ceas) ubicado en la primera planta de la Casa de Cultura de Villaquilambre. El propio Ceas ha recibido además 92 solicitudes de valoración para poder acogerse a la Ley de Dependencia. Por el momento el Ayuntamiento ha canalizado todas las peticiones remitiendo el informe pertinente a la Junta que es la administración que deberá decidir si otorga o no la ayuda.
En este caso las ayudas se otorgan sólo a las personas con mayor grado de dependencia, es decir para aquellas que requieren una atención continuada durante las 24 horas del días, el resto de personas que presentan un menor grado de dependencia son las que están atendidas a través del resto de servicios como la ayuda a domicilio o la teleasistencia.
La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento, Pilar Reguero, destaca como en las semanas posteriores a abrirse el periodo de recepción de solicitudes para la Ley de Dependencia, en mayo del pasado año, hubo un aluvión de peticiones, sin embargo este ritmo ha descendido notablemente en los primeros seis meses de este año. “El 80% de las peticiones llegaron al principio y el 20% en los seis primeros meses de este año”, explica Reguero, que también critica las deficiencias en la definición y aplicación de la ley, “poco clara y con un desarrollo muy lento en la Comunidad”, aseguró.