El país atraviesa una etapa de recesión económica, pero no altera los planes de política social de la Junta de Castilla y León
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón. L.P. (Ical)
lm.t. / s.c. (ICAL)
Valladolid
La recesión económica que afecta al país no implicará recortes en la prestación de los servicios sociales. Así lo sentencia el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, quien reconoce que será preciso acometer algunos reajustes, que en ningún momento afectarán ni a lo que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha dado en llamar la legislatura de lo social, ni a las prestaciones que reciben los ciudadanos. Considera oportuno este momento para revisar la Ley de la Dependencia y, ante el inicio del nuevo curso político, Antón reta al jefe del Ejecutivo nacional, José Luis Rodríguez Zapatero, a liderar la lucha contra la violencia de género.
En pleno debate sobre el modelo de financiación autonómica, ¿cómo puede afectar la variable de la población al sistema de servicios sociales regional?
Parto de que, cuente lo que vaya a contar la población, se imponga el criterio de solidaridad. La solidaridad, además de todas las variables, debe cerrar el criterio, porque si no, estaríamos poniendo en duda lo que hasta ahora ha sido una construcción de todos.
Usted denunció un recorte de seis millones para la región por la desaparición del Plan Gerontológico Nacional.
Conocí en la Conferencia Sectorial que el plan desaparecía de repente. Hubiera sido preciso un debate. Ahora, tendremos que hacer encaje de bolillos, redistribuciones presupuestarias, para que, pese al recorte del Estado, no merme para nada, por ejemplo, la creación de plazas públicas para mayores.
Esta reducción choca con el anuncio del presidente del Gobierno central de que la crisis no afectará a las políticas sociales.
Pensaba que había mecanismos y existía el compromiso de que la crisis no iba a afectar a las prestaciones sociales, ni a los derechos de los ciudadanos, pero nos hemos encontrado con un dato que ojalá sea el único, acompañado de otro que no es definitivo: habíamos oído que había 871 millones para la Dependencia, pero en la última reunión sólo se pusieron encima de la mesa 241. Confío en que se repartan los 630 restantes y no se esconda o un recorte o un acuerdo bilateral que favorezca más a una autonomía que a otra. Si es así, entraríamos en un terreno peligroso que siempre hemos denunciado, pues la Ley de Dependencia debe regirse por el principio de igualdad.
El PSOE le acusa de no haber hecho bien los deberes en materia de Dependencia, por lo que argumenta que la región recibirá menos fondos.
No tiene más que observar los datos que maneja el Imserso, que indican que Castilla y León es la cuarta Comunidad que mayores solicitudes por dependencia ha resuelto en lo que va de año, pese a ser la sexta en el número de afectados. Además, sus declaraciones no tienen sentido cuando públicamente expresé a la nueva ministra la necesidad de avanzar juntos, con un reconocimiento de que hay que anticipar la revisión de la Ley.
¿En qué sentido?
Ahora que vemos que nos cuesta entre 1.000 y 1.500 euros todo el proceso de gestión para ofrecer una ayuda de 500 y que además se dilata en el tiempo, es el momento de revisar la norma para lograr que el usuario se beneficie de ella antes. La ministra reconoció que era el momento, sin esperar a 2010.
¿Cree que la situación económica actual puede perjudicar la aplicación de la ley?
La ley está saliendo adelante con financiación insuficiente y gracias a las comunidades. Lo que nos preocupaba ya antes, ahora nos preocupa igual o más. Un sistema de protección social, el cuarto pilar del Estado del Bienestar, no puede estar pendiente de su garantía, debe garantizarse en el tiempo.
¿Puede garantizar que el compromiso del presidente Herrera de que esta será la legislatura de lo social se cumplirá pese a la crisis económica?
Es un compromiso que esta Consejería asume y llevará a efecto. Una vez más, Herrera demostrará en los presupuestos de 2009 que, a pesar de la crisis, los recortes no se verán reflejados en las políticas sociales, que es su prioridad. No estamos en una época de crecimiento expansivo, por lo que se tendrán que hacer ajustes para que las prestaciones sociales no se recorten.
Otros compromisos son los proyectos de Ley de Impacto y de Violencia de Género.
La previsión es llevar a las Cortes este año el proyecto de Ley de Servicios Sociales y trabajar en el resto, con el objetivo de aprobar las de Impacto y Violencia de Género en 2009.
Ante la próxima Conferencia de Presidentes, ha pedido a Zapatero que asuma el liderazgo en la lucha contra la violencia de género con nuevas ideas.
Zapatero debe asumir este compromiso con la sociedad. En esta Conferencia los máximos representantes del Estado tienen que dejar claro el compromiso contra la violencia de género con aportaciones, compromisos ciertos, concretos, con plazos y con medidas. Nosotros ponemos a sus disposición nuestra experiencia, pero debe liderar esta situación, como lo está haciendo el presidente Herrera, que ha sido pionero en plantear una iniciativa personal como el Pacto Social contra la Violencia de Género en la comunidad de Castilla y León.
¿Qué falla ante esta lacra?
El reto, aún siendo complicado, está en la protección con medidas imaginativas, con medios, con compromisos y aprovechando también medidas en las que los avances nos ayuden.