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EDITORIAL /

Investigación y transparencia

El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ofreció ayer una concurridísima rueda de prensa en Valladolid para informar sobre la investigación interna llevada a cabo por la Junta por el denominado escándalo de los ‘huertos solares’. El Gobierno autonómico ha decidido cerrar el caso con un expediente disciplinario contra el cesado secretario de la Delegación Territorial de la Junta en León, Javier Lasarte, por “indicios racionales” de incumplir la Ley de Incompatibilidades al ocultar su actividad como administrador de una empresa de energía solar, según detalló el consejero. De Santiago-Juárez aseguró que la investigación también concluye que no se han hallado irregularidades en la tramitación administrativa de las licencias. Sólo que 13 funcionarios, siete de ellos de libre designación, participan en el negocio de este sector, y que del análisis de estos últimos expedientes, realizado por técnicos de la Consejería de Economía y Empleo, se extrae que no ha existido trato preferente ni situación ventajosa para las empresas en las que participan. El escándalo ha puesto a prueba a la Junta, que ha sido diligente a la hora de ordenar una investigación interna, y también a la hora de ofrecer los resultados de la misma. Sin embargo, la polémica obliga a la Administración autonómica a reforzar y aclarar los criterios de incompatibilidades de sus funcionarios para que no se repitan situaciones parecidas en el futuro. La información exhaustiva del consejero no debe impedir tampoco que las puertas del Parlamento autonómico se abran en el próximo periodo de sesiones para que el tema se aborde, bien sea en comisión o en el Pleno de la Cámara.

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