La Junta no ve trato de favory sólo expedienta a Lasarte

El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago, durante la rueda de prensa que ofreció ayer. ICAL

Ical Valladolid
El Gobierno regional ha abierto un expediente disciplinario contra el dimisionario secretario de la Delegación Territorial de la Junta en León, Javier Lasarte, por “indicios racionales” de incumplir la Ley de Incompatibilidades al ocultar su actividad como administrador de una empresa de energía solar, pero no ha hallado irregularidades en la tramitación administrativa de las licencias para la instalación de huertos solares en Castilla y León, pese a que se ha detectado que trece funcionarios, siete de ellos de libre designación y nueve de ellos leoneses, participan en el negocio de este sector.
La Junta de Castilla y León ha actuado con “rapidez, rigor, diligencia, transparencia, coherencia y coordinación” desde que el pasado 1 de agosto conoció que Javier Lasarte era el administrador de la empresa Galeno 1955 SL, a la que se han concedido once licencias para plantas solaresen León y Valladolid. Así lo recalcó el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa que convocó para informar de las actuaciones abiertas al detectarse este caso, en la que añadió que si de la investigación se detecta algún tipo de delito se enviará a la Fiscalía.
Así, el mismo día de publicarse la información en El Mundo, la Junta abrió una investigación para determinar si la tramitación de los expedientes se ajustaba a derecho o si se había producido un trato preferente a la empresa de Lasarte e inició una información reservada para analizar si el alto funcionario había incumplido la Ley de Incompatibilidades al no pedir permiso ni informar, como está obligado, para una actividad privada. Fruto de esta investigación se conoció que otros doce empleados públicos de las provincias de León, Valladolid, Zamora y Palencia, de ellos seis altos funcionarios de libre designación y seis de base, tenían presencia en empresas del sector, por lo que los seis primeros fueron obligados por sus superiores a dimitir mientras que se mantiene abierta la investigación sobre los otros, ya que accedieron a sus puestos por concurso.