El oso pardo es una especie protegida por diferentes normas de ámbito europeo, estatal y autonómico. Las primeras medidas de protección activa de este animal se aplicaron en España en 1952, cuando a través de una orden ministerial se prohibió su caza por un periodo de cinco años en todo el territorio nacional. Un paso importante fue la creación en 1955 de la Reserva Nacional de Caza de Somiedo; con ello se pretendía proteger el núcleo más importante de osos cantábricos, aunque con la idea inicial de cazar la especie de forma regulada y controlada, lo que se realizaría durante unos años, hasta que en 1967, y dada su alarmante situación, se vedara definitivamente su caza, para posteriormente ser declarada “especie protegida” en 1973.
El paso legal más importante con vistas a su protección será la aprobación de la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, de 1989, que exige la puesta en marcha de planes de recuperación para todas las especies que, como el oso, están incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en la máxima categoría de “en peligro de extinción”. Todas las comunidades autónomas cantábricas con presencia de este mamífero (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León) tienen aprobados desde hace años estos planes, que establecen las directrices y actuaciones que hay que seguir para la conservación de esta especie.
