Solbes ignora la presión catalana y mantiene su propuesta

El ministro de Economía, Pedro Solbes, a su llegada al Congreso. efe

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Agencias Madrid
El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, desdeñó ayer las reiteradas presiones de los partidos catalanes, que le exigían que aprovechara su comparecencia en el Congreso para modificar la propuesta planteada en julio como base para la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, y señaló que los planteamientos comunicados por el Ejecutivo a las comunidades en el Consejo de Política Económica y Fiscal siguen siendo un “buen punto de partida” para abordar las negociaciones, puesto que satisfacen todas las exigencias constitucionales de solidaridad.
“La ausencia, por el momento, de un acuerdo entre las diferentes partes implicadas no puede ser considerado un incumplimiento del Gobierno”, aseveró. Respecto a la discutida adecuación con el Estatut catalán, Solbes consideró que “basta comparar los preceptos del texto regional que se refieren al modelo de financiación con los principios de reforma contenidos en el documento presentado por el Gobierno” para darse cuenta de que no hay discrepancia ninguna. Así, recordó que Moncloa presentó su borrador antes del 9 de agosto, fecha límite que contemplaba el Estatuto, que ha sido, por tanto, escrupulosamente respetado.
Durante su forzada comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda en la Cámara Baja, donde acudió en sustitución de su jefe, el presidente Zapatero, que logró eludir el mal trago gracias a los votos de ICV, el número tres del Gabinete defendió pues, sin matices ni autocrítica, el modelo ya planteado por Moncloa y aseguró que tales propuestas demuestran que el Ejecutivo tiene “mucho interés” en sacar adelante la reforma del sistema de reparto del dinero estatal entre las regiones, aunque sabe que las negociaciones serán “difíciles”.
A juicio del vicepresidente económico, el documento que presentó el Ejecutivo en julio pretende ser un ejercicio de transparencia y búsqueda de consenso, aunque, matizó, alcanzar un acuerdo supone una “responsabilidad conjunta”, puesto que el nuevo modelo afectará a todas las comunidades.
“Sabemos de la importancia de la reforma y trabajaremos para que sea posible concretarla cuando antes”, señaló Solbes tras adelantar que continuarán las reuniones con los las 17 autonomías en septiembre, siempre con la vista puesta en lograr un modelo en el que ningún territorio salga perjudicado, que garantice la solidaridad y que, además, refuerce la financiación del Estado del bienestar en beneficio de todos.
Cabe recordar que el documento del Gobierno contempla la cesión a las regiones del 50 por ciento del IRPF, del IVA y de los Impuestos Especiales -fundamentalmente los que se aplican sobre el tabaco, el alcohol y los carburantes-, de manera que la Administración central se reserva la mitad de todos los ingresos, aunque no se trata de una cifra cerrada, puesto que Solbes dejó la puerta abierta a que tal porcentaje pudiera variar ligeramente en función de factores como «la mejora de la percepción por parte de los ciudadanos».
En todo caso, se garantiza que los servicios básicos estarán cubiertos en todo el territorio nacional, con independencia de la renta per cápita.
Además, durante las negociaciones se deberá establecer de qué manera se recoge en el nuevo modelo el incremento de población, un requisito exigido por las regiones ricas, que consideran que la presión migratoria les obliga a destinar una cantidad ingente de dinero para atender servicios sobre los cuales ni siquiera tienen atribuidas las competencias.