El ‘lehendakari’ y todos los consejeros del Ejecutivo regional recurrirán a la UE “a título personal” si el Constitucional invalida el referéndum
El ‘lehendakari’ Ibarretxe, junto a su portavoz, Miren Azcárate, ayer en San Sebastián. EFE
Agencias San Sebastián
Al igual que ocurre en el mundo del espectáculo, la política también vive prisionera del más difícil todavía. Cada alarde, cada promesa, deben ser siempre respondidos con una pirueta crecientemente llamativa si no se quiere correr el riesgo de desilusionar al votante. Dicha espiral de exigencia y espectacularidad es la que ha atrapado al lehendakari Ibarretxe, obligado una semana tras otra a inventar una nueva y descomunal boutade que encubra sus fracasos previos.
Una vez claro que su propuesta de referéndum independentista no tiene porvenir político ni legal, ni será siquiera suficiente para granjearle los votos que garanticen su reelección, el presidente del Gobierno vasco ha decidido echarse al monte y, ante la imposibilidad de progresar por los cauces legales, ha optado por involucrar a los ciudadanos en su cruzada suicida contra el sistema.
Con una estrategia que recuerda mucho a la de sus primos abertzales, el Ejecutivo de Vitoria reclamó ayer de la ciudadanía una avalancha de denuncias contra España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Dicha insurrección sería la vía urdida por el peneuvista para superar el más que previsible bloqueo a su referéndum que se producirá cuando finalmente el Tribunal Constitucional anule la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento Vasco.
La campaña, con un tono entre patético y cómico, fue anunciada por el propio Ibarretxe, quien, como lehendakari, aseguró que cada uno de los consejeros de su Gabinete presentará denuncias “a nivel individual” contra el Gobierno de Zapatero, tal y como, proclamó, espera que hagan luego el resto de ciudadanos vascos en respuesta a la negativa del Ejecutivo español a permitir su referéndum.
El líder regional detalló que interpondrá su propia demanda el 16 de septiembre, tanto si para entonces hay un pronunciamiento negativo del Constitucional prohibiendo la consulta, como si el organismo no se ha producido todavía.
“La vulneración ya se habría producido, y quedarían dañados para siempre los derechos fundamentales individuales” al no poder convocarse la consulta para el previsto 25 de octubre, apuntó el lehendakari, antes de denunciar que, al prohibir que la sociedad vasca “se pronuncie”, el Estado español vulnera “el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, lo que, a su entender, es un “atropello democrático”.