Hace sólo unos días, Baltasar Garzón se estremecía asistiendo al descubrimiento de una fosa común en el estado colombiano de Apartadó. Como era de esperar, horas después varios colectivos en España reprochaban al juez su ausencia en las más de cien exhumaciones que se han realizado en nuestro país en los últimos ocho años, alguna de ellas muy cerca de su despacho madrileño.
Lo que muy pocos esperaban era que sólo unos días después, el magistrado iba a ordenar la elaboración de un censo de desaparecidos desde julio de 1936 hasta el final de la dictadura. En su afán por dar respuesta a las miles de reclamaciones familiares, Garzón ha ordenado a la Policía Judicial investigar los archivos de los ministerios de Defensa, Cultura e Interior, los de algunos consistorios y ha pedido la colaboración de la Conferencia Episcopal encargada de velar, entre otras cosas, de los fondos documentales del Valle de los Caídos, donde miles de víctimas reposan, contra la voluntad de sus familiares, junto al que fue su verdugo.
Que no teman quienes se inquietan ante lo que pueda pasar si sigue adelante el auto de Garzón. Nadie les va a arrebatar hoy los bienes que heredaron y que sus padres o abuelos obtuvieron de forma ilegítima. Nadie va a pedirles cuentas a estas alturas por los crímenes que aquéllos cometieron o consintieron. Nadie va a ensuciar su “buen nombre” y su vitola de “buenos españoles”. La historia, por sí sola, les ha puesto en el lugar que merecen.
Hoy, los familiares de los miles de desaparecidos sólo piden recuperar a sus muertos y trasladarlos a un lugar digno. Y, sobre todo, que el Estado garantice el cumplimiento de los Derechos Humanos, una labor que no pueden seguir realizando las asociaciones
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