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MEMORIA PARA LA HISTORIA

Memoria de una juez

Nadie recuerda su nombre, pero aquella magistrada de Villablino abrió el camino a las víctimas

Tumbas de ‘paseados’ en El Rabizo, cerca de La Robla, que han podido ser desenterradas gracias a la nueva Ley de Memoria Histórica. j. m. lópez

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Manuel C. Cachafeiro León
Garzón está acostumbrado a la polémica. La última, por su interés en conocer la localización de fosas comunes de la Guerra Civil. Antes de que esta semana dictara desde la Audiencia Nacional un auto reclamando información, otros jueces en España también fueron pioneros en ayudar a las familias con desaparecidos. Una de las que rompió aquella ‘barrera judicial’ fue la juez que se encontraba al cargo del Juzgado de Villablino en julio de 2002. En la asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica no se acuerdan de su nombre, pero sí de los pasos que dió para que una fosa en Piedrafita de Babia pudiera ser abierta en busca de restos. Algo tan sencillo como autorizarlo y aceptar que los descedientes se realizaran pruebas de ADN era entonces casi imposible. Al final, gracias a los voluntarios de la asociación y su voluntad como juez, fue posible. En este tipo de casos, el papel de las mujeres ha sido primordial también en otros juzgados como Sahagún o Talavera de la Reina.
A diferencia de Garzón, su actuación no pasó de las páginas de los periódicos provinciales. No dio para tantos titulares como Garzón, pese a que fue en un momento en el que todavía no había leyes como la de Memoria Histórica. Ahora es tiempo de recordar lo que pasó. Sobre todo para que no se olvide que fueron las primeras en dar un paso. Un pequeño paso. La memoria siempre debe existir.
Nadie recuerda su nombre. Ni siquiera si es la misma que está ahora en el Juzgado de Primer Instancia de Villablino. Mucho antes de que el juez Baltasar Garzón solicitara esta semana datos sobre las víctimas de la Guerra Civil, en 2002 —entonces ni gobernaba Zapatero ni había Ley de la Memoria Histórica—, la jueza de Laciana permitió buscar a un grupo de ‘paseados’ en Piedrafita de Babia. Aceptó algo tan sencillo pero a la vez tan difícil de lograr como el pago con dinero público de losgastos de identificación del ADN. «Fue pionera en facilitar a los familiares de los desaparecidos la posibilidad de devolverles la identidad con cargo al Estado», explica Emilio Silva, de la asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Durante muchos años, las familias con muertos enterrados por montes y cunetas no supierondónde acudir. Ni se les pasó por la cabeza viviendo Franco, pero después tampoco se abrieron las puertas. Todo se les negaban, los archivos ponían impedimentos, los juzgados no iniciaban ninguna actuación...
Para dar aquellos primeros pasos en Laciana, los familiares de Piedrafita presentaron una denuncia. Fue lo que les exigió la jueza. «Queríamos que abriera diligencias para agilizar la posterior identificación de los restos, ya que las leyes españolas consideraban necesaria la intervención judicial para proceder a los análisis de ADN», explica Silva.
La denuncia se interpuso en julio de 2002 y, acto seguido, laPolicía Judicial de Villablino procedió a levantar un informe de los cuerpos que permanecían en la fosa. Lo que se buscaba con todo aquello era no sólo abrir aquella tumba en medio del monte sino también sentar un precedente para que todas aquellas personas que quisieran localizar los restos de un familiar. “Si salía adelante, todos tendrían el mismo derecho de solicitar la misma prueba y en las mismas condiciones». Las diligencias fueron poco a poco. Primero se trató de determinar la edad de los cadáveres a través de evidencias testimoniales de que fueron enterrados durante las Guerra Civil. Con más de 35 años, ya no tienen interés judicial. La jueza sí lo tuvo y el siguiente paso fue la petición de realizar las pruebas de ADN con el fin de identificar los restos.
La fosa de Piedrafita finalmente contenía los restos únicamente de siete de los 37 ‘paseados’ el 5 de noviembre de 1937. Una fosa que se exhumó gracias al tesón de dos vecinas de Palacios del Sil, Asunción Alvarez, de 87 años, e Isabel González, de 85 años.
A aquella jueza le siguieron otras que también dieron los primeros pasos. En los juzgados de Sahagún, Talavera de la Reina... Nadie se acuerda de ellas. Ahora sólo se habla de Baltasar Garzón.

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