Así será la nueva justicia

Además de las modificaciones legislativas, Gobierno y oposición están decididos a afrontar una profunda reforma de la organización judicial. d. Pérez

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C. Garrido Madrid
No hace falta el dictamen de ninguna comisión parlamentaria, ni tampoco un informe de especialistas. De hecho, no sería necesario siquiera leer la prensa diaria, puesto que casi cualquier ciudadano que se haya visto obligado a pleitear sabe perfectamente que la Justicia española no funciona.
El complejísimo entramado legal en el que se sustentan los tribunales patrios, lastrados en igual medida por su falta de medios y por las cantidades casi infinitas de papel que genera cada proceso, necesita un cambio drástico y urgente.
Tal circunstancia, evidente para millones de españoles, no ha merecido la atención de la clase política hasta que, una vez más gracias a los medios de comunicación, los responsables públicos han quedado en clamorosa evidencia tras los escándalos suscitados por pederastas y terroristas.
Ahora, tras décadas de paulatina acumulación de retrasos en los juzgados, a puntos de entrar en un absoluto colapso, el Gobierno se ha dado cuenta de que es necesario endurecer las penas y vigilar a algunos criminales imposibles de reinsertar. Además, claro está, se pretende agilizar el funcionamiento del sistema para que, entre los millones de sentencias sin ejecutar, no vuelva a colarse otro asesino como el de Mari Luz.
O, por ejemplo, para evitar que los terroristas puedan volver, una vez en libertad, al mismo lugar donde se encuentren sus víctimas. Así lo proclaman ahora tanto PP como PSOE, repentinamente concienciados a raíz de la excarcelación definitiva del De Juana Chaos.
Lo irónico es que, pese a los deseos de reformar el Código Penal, disparates como los relatados podrían haberse evitado con la simple aplicación de la norma ahora en vigor. De hecho, en el artículo 96 del actual código se detalla el catálogo las conocidas como medidas post pena, entre las que se recoge la prohibición de residir en un lugar o territorio determinado, y la prohibición de acudir a determinados lugares.
El problema es que, al menos hasta ahora, simplemente no existía voluntad política de ponerlo en práctica.
Otro artículo del que ahora se acuerda Moncloa es el 48 del mismo texto, que permite impedir al penado que se aproxime a sus víctimas o familiares. Eso sí, el Ejecutivo pretende que tal disposición se amplíe para que el terrorista no pueda acercarse a ninguna víctima de la banda armada.
También se quiere promover una ley para mejorar la atención a las víctimas, que incluye la obligación de retirar placas en las calles o cualquier otro símbolo que rinda homenaje a los asesinos.
Por ahora, ni el Gobierno ni el PP se plantean endurecer aún más las penas, con un cumplimiento máximo de 40 años de prisión, al descartar ambos la posibilidad de la cadena perpetua por entender que va contra la letra de la Carta Magna, que especifica que el ingreso en prisión tiene el único objetivo de buscar la reinserción del delincuente.
En todo caso, según ha explicado reiteradamente el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, las medidas que está estudiando el Ejecutivo sí permitirían limitar la libertad a aquellos excarcelados que no se hayan arrepentido. Además, ningún delincuente que deba indemnizaciones a sus víctimas podrá disfrutar de sus bienes. Asimismo, se quiere que los maltratadores tampoco puedan ser beneficiarios de seguros de vida de sus víctimas.
Tales modificaciones podrían llegar a las Cortes el último trimestre de este mismo año y no solo afectarán a los etarras, sino también a los pederastas.
Tras el crimen de Mari Luz Cortés asesinada por un individuo que estaba libre debido a un fallo judicial, saltaron todas las alarmas. Ahora, se pretende instaurar una serie de medidas de control que permitan que, cuando un agresor sexual cumpla íntegramente su pena pueda vivir en libertad, pero con sus movimientos limitados.