EpC inicia un nuevo curso con batalla política y judicial

Efe Madrid
La asignatura Educación para la Ciudadanía se generaliza este curso en la Secundaria de todas las comunidades autónomas, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos relacionados con la objeción de conciencia y a la sombra del enfrentamiento entre el Gobierno y las regiones gobernadas por el PP. A las puertas del nuevo curso escolar la polémica está servida y, a pesar de que el año pasado muchos centros impartieran ya la famosa enseñanza, parece que la batalla por implantarla o no de manera obligatoria a todos los alumnos no ha hecho nada más que empezar.
Por vez primera, los centros de ESO y Bachillerato de Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y La Rioja impartirán clases de esta materia, que ya comenzó a impartirse hace un año en las otras autonomías.
Durante este tiempo, la controversia entre el Ejecutivo central y las regiones gestionadas por el Partido Popular, como Madrid y la Comunidad Valenciana, ha crecido a propósito de las regulaciones autonómicas de la asignatura y la intención de admitir las objeciones hasta que se pronuncie el Supremo, aunque no será así en Castilla y León.
El movimiento objetor ha conseguido que algunos Tribunales Superiores de Justicia, como los de Andalucía y La Rioja, respalden la inasistencia a clase de alumnos cuyos padres consideran que ciertos contenidos vulneran el derecho a educarlos según sus convicciones morales, aunque también se han dado sentencias de signo contrario en otras comunidades.
Los fallos han sido recurridos por la administración educativa y el Ministerio de Educación o por los objetores, según los casos, ante el Tribunal Supremo.
La Consejería de Madrid ha reiterado que los objetoresno tendrán que asistir a clase, ni se les podrá calificar con un suspenso a la vista de las sentencias que les son favorables. La consejera madrileña Lucía Figar precisó que estos niños harán trabajos relacionados con la Constitución o tareas concretas de voluntariado dentro del recinto escolar.
Por su parte, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, manifestó que no asistir a estas clases “tiene los mismos efectos” que no cursar la asignatura de Matemáticas (obligatoria para todos los alumnos, no opcional y sin alternativa).
En Madrid el plan de estudios de la materia ha sido diseñado para evitar “la implantación de una moral desde el Estado y respetando escrupulosamente los ámbitos de la moral individual”, según el decreto regional que regula la Educación Secundaria Obligatoria.
En julio pasado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) suspendió cautelarmente, a petición de CCOO y del Ministerio de Educación, la orden de la Generalitat que permite presentar un trabajo a los alumnos que objeten. La otra opción consiste en asistir a las clases ordinarias, en las que un profesor desarrolla la materia.
El TSJV admite que la asignatura se imparta en inglés, pero manifiesta que, en este caso, no es posible que se puedan evaluar específicamente los conocimientos sobre esta lengua.
En el caso del Gobierno de La Rioja, también del PP, anunció ese mismo mes que admitirá las objeciones de conciencia y eximirá a los alumnos de ir a clase y ser evaluados, sin perjuicio de un pronunciamiento judicial posterior.
Castilla y León no ampara la objeción porque impediría que los alumnos pudieran graduarse en ESO. Sin embargo, la Junta matiza que el currículo que desarrolla la materia en esta comunidad, recurrido por el Gobierno central, la “ha vaciado” de “carga doctrinal”.
Desde este próximo curso también se estudia en cuarto de ESO de todas las comunidadescomo Educación Ético-Cívica y en primero de Bachillerato como Filosofía y Ciudadanía.
A partir del próximo período docente se estudiará también en quinto o sexto de Primaria.