El CGPJ multó con 7.500 euros a un juez el día que castigó a Tirado con 1.500

Europa Press Madrid
Aumenta la polémica. El instructor encargado de elaborar el expediente del juez de Sevilla, Rafael Tirado -investigado por no ejecutar una sentencia por abusos sexuales contra el presunto asesino de la joven Mari Luz- y la Comisión Disciplinaria del CGPJ que respaldó su informe, establecieron un máximo de 3.000 euros para imponer la sanción al magistrado -finalmente se quedó en 1.500-, pese a ser conscientes de que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) contempla la posibilidad de castigarle con hasta 6.000. Curiosamente, los mismos vocales decidieron ese mismo día imponer al titular del Juzgado de lo Social de Talavera de la Reina (Toledo), Ángel Luis del Olmo, una sanción de 5.000 euros por abuso de autoridad y desconsideración a los funcionarios, y otra de 2.500 por multar de manera injustificada a su secretario, ambas infracciones consideradas también como faltas graves.
Según fuentes del órgano judicial, el encargado de elaborar el expediente y proponer la sanción para Tirado “en todo momento fue consciente” de que la ley le permitía establecer el máximo citado, pero finalmente consideró apropiado “aplicar el grado medio de la mitad”, es decir, los 1.500 euros proporcionales a los 3.000 que él mismo estableció como tope. Como se puede ver, el agravio comparativo existe, pues las consecuencias de la actitud de cada juez fueron muy distintas.
Así lo explica el propio instructor en su informe, en el que indica que “la infracción grave que se considera procedente es sancionada en el artículo 420.2 de la LOPJ con multa de 300 a 3.000 euros. En ese límite de la cuantía de la multa ha de entrar en juego la proporcionalidad (...), es decir, guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada”.
No obstante, desde la reforma de esta norma llevada a cabo en el año 2003, el artículo 420.1, también referente a “las sanciones que se pueden imponer a los jueces por faltas cometidos en el ejercicio de su cargos”, se indica una posible “multa de hasta 6.000 euros”.
El informe explicó que la Sección del juez Tirado -que debía tramitar los autos de ejecución de la pena de 21 meses de prisión por un delito continuado de abusos sexuales y un año por falsedad en documento oficial impuesto a Santiago del Valle por actos anteriores a la muerte de Mari Luz- presentaba carencias debido a la movilidad de los funcionarios que la atendían y la falta de experiencia de la secretaria más antigua.
Las reacciones no tardaron. El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, admitió que esta incongruencia deja al descubierto “muchas carencias en los instrumentos de protección” del Estado de Derecho. Por su parte, el líder popular, Mariano Rajoy, pidió más medios personales y materiales.