El autor de un informe clave del Yak-42 dice que no tuvo autonomía

Agencias Madrid
El coronel auditor Ricardo Fortún, al que tras el accidente del Yak-42 Defensa encargó un informe sobre el sistema de contrataciones del Ejército, aseguró ayer que solo pudo utilizar la documentación que le proporcionó el propio Ministerio y que no tuvo autonomía para realizar trabajo de campo.
Durante su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que investiga las supuestas irregularidades en la contratación del avión siniestrado, Fortún también relató que, cuando Defensa le encargó la elaboración del informe, se le especificó que no investigase las identificaciones de los cadáveres de los 62 militares españoles fallecidos.
Tampoco incluyó en su escrito las quejas del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (Ciset) y del Mando Aéreo de Levante (Malev), la pregunta parlamentaria donde se abordaban esas quejas, ni la denuncia de los familiares, porque “no se lo dieron”.
El informe, entregado al Ministerio en diciembre de 2003 -el accidente había ocurrido en mayo-, le fue encargado en reuniones con el entonces ministro Federico Trillo, el teniente general José Luis Beltrán -imputado por el caso de los errores en la identificación de los cadáveres- y el ex secretario general de Política de Defensa Javier Jiménez Ugarte. Fortún declaró, por otra parte, que conocía y asumía las subcontrataciones realizadas por el Ministerio a través de la empresa de la OTAN Namsa, pero que nunca vio ninguno de los contratos de los 43 vuelos anteriores ni el del propio Yak-42 siniestrado.
Grande-Marlaska también tomó ayer declaración como testigo al ex subdirector general de Control de Transporte Aéreo de Aviación Civil, Luis Rodríguez Gil, que desmintió que -como se asegura en el informe de Fortún- el vuelo siniestrado dispusiera de un certificado de aeronavegabilidad emitido por su departamento, pues se trataba de un vuelo militar.
Rodríguez Gil explicó que Aviación Civil no tiene competencia en vuelos militares y que su materia se limita al transporte aéreo y comercial de pasajeros, por lo que éste no era el organismo al que hubiera correspondido otorgar el permiso al Yak-42 para ese vuelo concreto. Como el ex responsable de Aviación Civil declaró después de Fortún, éste no ha podido ser preguntado por este asunto, por lo que los abogados de la acusación se plantean solicitar al juez que vuelva a citarle.
Más declaraciones
Además de estos dos testigos, también comparecieron ayer ante Grande-Marlaska el ex teniente general del Estado Mayor del Ejército del Aire Eduardo González Gallarza, el ex director general de la Guardia Civil y actual jefe del Mando Aéreo General, Carlos Gómez Arruche, el capitán Ignacio Balsera Bocanegra y el antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME) Alfonso Pardo de Santayana.
Todos ellos indicaron que su relación con todo lo referente al vuelo del Yak-42 se limitó a pequeños trámites como, en el caso de Gómez Arruche y Gallarza, a remitir quejas sobre el escaso confort del avión al Centro de Conducción de la Defensa (Cecod), a cuyo cargo estaba Beltrán.
El 26 de mayo de 2003, un avión Yakovlev 42-D de fabricación rusa se estrelló en Turquía cerca del aeropuerto de Trebisonda con 75 personas. El pasaje lo formaban 62 militares españoles, que regresaban a España tras cuatro meses y medio de misión en Afganistán y Kirguizistán, todos ellos fallecieron junto a 12 tripulantes ucranianos y un ciudadano de origen bielorruso.
Este accidente aéreo se convirtió en la peor tragedia, del Ejército español en toda su historia en tiempo de paz y también el mayor siniestro en toda la historia de las Fuerzas Armadas. El 31 de octubre de 2003 se presentaba la primera denuncia en la Audiencia Nacional, por la vía penal, en nombre de la Asociación de Víctimas del Yak-42.