Morales negocia con dos de sus principales opositores

Efe La Paz
El presidente de Bolivia, Evo Morales, parece haber hecho suya la frase atribuida a Julio César, divide et impera (divide y vencerás), y la está aplicando en la crisis política que sacude el país andino desde hace meses, agudizada en los últimos días tras los sangrientos disturbios acontecidos en la provincia de Pando, que se saldaron con al menos 15 muertos y un centenar de desaparecidos. Ayer, el mandatario anunció que retomará las negociaciones con dos de sus opositores autonomistas, los prefectos de Santa Cruz y Tarija, dos de las cinco regiones que reclaman mayor autonomía, rechazan la Constitución indigenista que propugna Morales y se niegan a ceder al Estado los impuestos que reportan sus yacimientos de petróleo.
Aunque la detención el martes del gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, a quien el Ejecutivo de La Paz responsabiliza de los desórdenes públicos, interrumpió el diálogo e hizo temer un nuevo recrudecimiento de la violencia, su homólogo de Santa Cruz, Rubén Costas, uno de los más duros opositores a Morales, firmó ayer junto a su colega tarijeño, Mario Cossío, el preacuerdo que sienta las bases para abrir la negociación.
Queda no obstante por saber si los prefectos de Beni, Ernesto Suárez, y Chuquisaca, Savina Cuéllar, se adhieren también a esta decisión. Si es así, el diálogo político en Bolivia comenzará hoy en Cochabamba -en el centro del país- y abordará todos los temas que han enfrentado a Gobierno y oposición.
La disposición de ambas partes para negociar llega después de semanas de protestas contra el Ejecutivo y de una ola de violencia que se ha cobrado al menos 15 muertos y más de 100 desaparecidos en la región norteña de Pando, que continúa en estado de sitio y custodiada por los militares.
Antes de firmar el preacuerdo, el prefecto cruceño expresó su solidaridad con su colega de Pando ante la «represión gubernamental» ejercida contra él. Añadió que ha sido detenido «sin el debido proceso» y confinado «en una guarnición militar» y exigió que se respeten «su vida y sus derechos». En todo caso, apostó por el diálogo como único camino para pacificar el país.
Las bases para que Ejecutivo y opositores se sienten finalmente en una misma mesa se refieren a las competencias autonómicas, las ingresos procedentes de los impuestos petroleros y la entrega de las instituciones estatales ocupadas por los rebeldes. Según el documento suscrito, el Gobierno garantiza su respeto a la autonomía departamental. También hace concesiones sobre la Constitución y acepta suspender al menos un mes la aprobación de la ley para convocar el referendo necesario para ratificarla.
En cuanto a las rentas petroleras, reconoce el derecho de las regiones a percibir el Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Precisamente, el recorte de las rentas petroleras para pagar una ayuda directa a los ancianos fue el detonante que agudizó desde principios de año el conflicto entre Morales y sus opositores.