El ‘plan retorno’ estará disponible en un mes

La vicepresidenta Fernández de la Vega, y el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. EFE

NOTICIAS RELACIONADAS

• Elecciones

Agencias Madrid
Los trabajadores no comunitarios que quieran cobrar el paro para regresar a su país de origen deberán esperar hasta finales de octubre o noviembre para hacerlo, según una iniciativa aprobada ayer por el Gobierno con carácter permanente.
Así lo informó el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, tras la aceptación en Consejo de Ministros del decreto ley relativo al retorno voluntario de inmigrantes, que se tramitará en el Parlamento por vía de urgencia. La iniciativa, añadió, «no nace con voluntad de coyuntura sino de permanencia», y será un nuevo instrumento en la gestión de los flujos internacionales.
Según sus cálculos, la cifra de potenciales beneficiarios de la medida se eleva a 87.000 -también se habla, desde ciertos sectores, de 100.000-, con una duración media de la prestación del desempleo que oscila entre los seis y los 18 meses.
El plan permitirá a los inmigrantes percibir la prestación en dos plazos: el 40 por 100 en España, una vez reconocido el derecho, y el 60 por 100 en el país de origen, transcurridos 30 días naturales desde el primer pago.
A partir de la semana próxima, los interesados podrán acudir a las oficinas del INEM para recabar la información pertinente, aunque no será hasta finales de octubre o principios de noviembre cuando el derecho sea efectivo, según recalcó de nuevo el responsable de esta cartera.
La medida está destinada a personas desempleadas de los 19 países con los que España tiene firmados convenios bilaterales en materia de Seguridad Social, pero el decreto ley deja las puertas abiertas a la opción de negociar con otras naciones interesadas si garantizan cierta cobertura sanitaria y social.
También se menciona la posibilidad de que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación dialogue con los Estados de estos trabajadores para ofrecer otro tipo de ayudas complementarias.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Corbacho recordó que, actualmente, los parados pueden capitalizar su situación para montar una empresa o cobrar la prestación mes a mes hasta agotarla, dos opciones que se mantienen sin distinción de origen de los residentes y a las que ahora se añade esta nueva.
Para ello, el inmigrante se comprometerá a no volver a España en un plazo de tres años, pero, si regresa al territorio nacional al cabo de ese tiempo, “recuperará íntegramente los derechos que hubiera acumulado”, subrayó. “Se trata de que si una persona vuelve no pierda ningún beneficio que había conseguido, y que se entienda como una oportunidad para que ésta pueda emprender una nueva actividad en su país”, según sostuvo Corbacho. Con ello se facilitarán las migraciones circulares, que permiten a los que vienen a trabajar a España decidir su estancia de acuerdo tanto a las oportunidades laborales de su Estado de origen, como a las del territorio nacional. El proyecto de real decreto que desarrollará lo aprobado ayer deberá ser informado por las organizaciones empresariales y sindicales y dictaminado por el Consejo de Estado.
Por otra parte, un tema sumamente delicado, más que el del retorno incluso, es el de las expulsiones de extranjeros que vienen a trabajar. El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, avanzó ayer la posibilidad de que el Gobierno acorte de 10 a cinco años el plazo máximo para que un inmigrante que haya sido trasladado fuera de España intente regresar.