Solicitan más cárceles para el aluvión de nuevos presos

Agencias Madrid
No importa que, en sus grandes discursos, el presidente del Gobierno minimice una y otra vez el problema de la delincuencia en España, porque los fríos datos se encargan de poner las cosas en su sitio. Lo cierto es que, tal y como tuvo a bien explicar ayer la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, habrá que “pensar” en ampliar el número de cárceles para poder acoger el masivo incremento de la población reclusa. El problema es de tal magnitud que la propia socialista detalló que el número de presos ha aumentado en nada menos que un 60 por ciento en los últimos ocho años y ha pasado de los 39.013 que había en 2000 a los 62.239 actuales.
Las cifras son aún más llamativas si solo de tiene en cuenta el presente año, ya que, en tan solo nueve meses, la cifra de encarcelados se ha incrementado un 7,2 por ciento, con 4.514 internos más. En su comparecencia ante la comisión de Interior del Congreso, Gallizo afirmó que tan incontestable realidad deja en agua de borrajas el “esfuerzo” que hace el Gobierno y que, más pronto que tarde, será necesario construir nuevas prisiones en las que recluir a tal cantidad de delincuentes.
Por supuesto que tal problema no es nuevo, dado que los anteriores Gobiernos de Zapatero ya aprobaron el denominado Plan de creación de centros penitenciarios 2005-2012, una parte del cual ya se ha llevado a cabo –con cuatro nuevas cárceles– y cuyo desarrollo supone nada menos que 11 centros más –en Andalucía, Menorca, Gran Canaria, Fuerteventura, Soria, Ceuta, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana, Álava y San Sebastián–, con 8.966 nuevas celdas.
En la actualidad, en el conjunto de España hay 70 prisiones, 15 Centros de Inserción Social (CIS), 10 establecimientos para internos en régimen abierto y 46 Unidades de Custodia Hospitalaria, que suman, entre todos, 46.040 celdas.
A nadie se le escapa que semejante despliegue de nuevas infraestructuras y de los funcionarios que necesita su funcionamiento supone una fortísima inversión de dinero público. Por ello, Gallizo deslizó en su intervención la necesidad de reflexionar respecto a la oportunidad de recurrir a las penas de prisión, especialmente en las condenas de corta duración, así como para quienes han cometido un único delito. Para reforzar su argumento, explicó que hay 10.200 internos que cumplen sentencias inferiores a tres años.
Para no suscitar nuevas polémicas entre quienes piensan que cada vez sale más barato delinquir en España, Gallizo recalcó que la tecnología facilita instrumentos de restricción de la libertad sin necesidad de internamiento, e incidió en que los sistemas penitenciarios europeos apuestan por los trabajos en beneficio de la comunidad.
No obstante, eso es solo una verdad a medias, puesto que, junto al incremento de los presos, producto de los sucesivos cambios legales, también se ha producido un “espectacular” avance de los condenados a medidas alternativas, pues se ha pasado de 812 en 2000 a 39.335.
En respuesta, la popular Carmen Navarro hizo hincapié en la situación de “hacinamiento” que se vive en las cárceles, con una tasa de ocupación de hasta el 300 por cien, lo que redunda en un elevado nivel de conflictividad.
Tal crítica fue rechazada de plano por la máxima responsables de prisiones, Mercedes Gallizo, ya que, a su entender, los reclusos están en unas “condiciones dignísimas”.