Base de un supuesto desembarcoaliado en el norte de España

Daniel Álvarez León
La red de espionaje organizada desde León por Lorenzo San Miguel y los servicios secretos británicos tenía una importante misión. El informe del fiscal presentado en el consejo de guerra no deja dudas: “Su labor consistía en proporcionar a los referidos agentes extranjeros los datos más completos y minuciosos que podían obtener sobre nuestro sistema militar defensivo en las costas y puertos del norte de España, desde las rías gallegas a Bilbao, con detalle y localización de las fuerzas encargadas de su vigilancia y defensa, material con que cuentan, emplazamientos artilleros, obras fortificadas, características de playas y accesos a la costa, aeródromos, producción de las fábricas militares y distribución del armamento y material salido de las mismas, así como el de otras industrias de aplicación a fines militares”, reseña el fiscal en sus conclusiones.También se añade que había agentes cuya misión era informar del movimiento de buques, submarinos o aviones alemanes en las costas de Galicia.
Ataque exterior
El sumario reconoce en sus calificaciones que la trama de espionaje dirigida desde León pretendía “el deliberado y directo propósito de facilitar un ataque armado del exterior”. La sorprendente hipótesis de un desembarco aliado en la costa norte de España, vendría, además, avalada por la declaración arrancada a uno de los principales detenidos, Manuel Rivero San Juan, designado para encargarse de la estación radiotelegráfica que se instaló en su piso, ubicado en el número 13 de Suero de Quiñones.
Rivero había sido captado en Bilbao y para justificar su traslado a León, en diciembre de 1942, se utilizó la apertura de una tienda de material eléctrico como tapadera, La Voz de León. El objetivo era “comunicar directamente con una central instalada en Londres”, precisa el expediente.
En este punto se implica directamente a la Embajada del Reino Unido en Madrid a donde se dice que se desplazó Rivero en dos ocasiones para instruirse en el manejo del radiotelégrafo. Tal como figura en la causa, en julio de 1942, un coche del órgano diplomático inglés transportó el aparato de transmisión hasta León. Según el testimonio de Manuel Rivero, hasta la desarticulación de la red se realizaban “simples ejercicios de prueba y prácticas de cifrado”, pero añade que esperaba que pronto se intensificase su trabajo “con motivo de un desembarco inglés”. ¿Realidad que se vio frustrada, posibilidad que sólo se barajó, operación de desinformación…? En cualquier caso, una incógnita que podría haber cambiado la historia.
Labor remunerada
Lo cierto es que la red montada por San Miguel tenía una envergadura considerable que justificaría su relevancia. A parte del casi medio centenar de agentes repartidos por todo el norte del país, el informe presentado por el fiscal en el consejo de guerra reseña que todos ellos recibían diferente remuneración en función de la importancia y los riesgos de su misión. Cantidades mensuales que, según la misma información, aportaban los servicios secretos británicos. De este modo, por ejemplo, el radiotelegrafista, Manuel Rivero, recibía una asignación de 3.000 pesetas mensuales. La Embajada Británica también habría facilitado las 30.000 pesetas que conllevó la apertura de la tienda La Voz de León. César Quiñones, el militar implicado en el parque de artillería de Ferrol y que se identificaba con la letra cifrada P,recibía 1.000 pesetas al mes.
La red de San Miguel se puso en marcha en el año 1941. Sus integrantes “se entregaron a actividades que, iniciadas con una intensa y sistemática campaña propagandística dirigida a sembrar la desconfianza y el odio entre el Ejército y la Falange con el propósito de perturbar el interior del Estado, derivó más tarde hacia la formación de una complicada red de espionaje”.
Las conclusiones de la causa precisan que el mecanismo de esta labor “estaba montado en forma concéntrica a base del fallecido Lorenzo San Miguel, instalado a tal efecto en León. A él afluían los diversos datos parciales encargados a numerosos agentes distribuidos en distintas plazas del norte de España”. Los datos eran solicitados por “la organización extranjera” mediante cuestionarios cursados previamente. Asimismo, dos veces al mes venía a León un enlace enviado desde Madrid, que recogía los informes por orden “de un tal Pedro Cotinelli, antiguo empleado español en la Embajada inglesa el cual no ha podido ser capturado”. El mismo enlace era el portador de los sobres con dinero y los cuestionarios dirigidos a Lorenzo San Miguel. Los informes se camuflaban en sobres con membrete oficial de Renfe que uno de los agentes que trabajaba en la estación de León sustraía de las oficinas. Todo muy de película pero tan real y tan leonés como sus dirigentes y el paseo de la Condesa donde fue abatido Lorenzo San Miguel hace ahora 65 años.