Los concesionarios de automóviles lo tienen claro y consideran necesaria una urgente revisión del Plan VIVE de fomento de sustitución de los vehículos más viejos. Creen necesario volver a un sistema de ayudas directas, de forma que quien compre un coche nuevo reciba del Estado 1.000 euros si da de baja un vehículo antiguo de más de 10 años y 900 si se trata de comprar un automóvil de segunda mano. También piden suavizar las restricciones a las ayudas en función de las emisiones de gases contaminantes porque en estos momentos ese problema lo consideran menor que el de la crisis que les afecta de una forma tan importante durante este año.
