Causas sin respuesta

En la casa familiar de Moisés Cisneros, en Quintana Raneros, una placa recuerda su asesinato en Guatemala. Mauricio peña

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• Firmas para una justa beatificación

Manuel C. Cachafeiro León
El tiempo ha pasado, pero la memoria sigue intacta. Son también leoneses víctimas de la represión. No lo fueron hace 70 años, ni tampoco murieron en España. Perdieron la vida en Argentina y Guatemala durante los años negros de las dictaduras hispanoamericanas de finales del siglo XX. Garzón también abrió sumarios en busca de pruebas que incriminaran a los autores de sus asesinatos. Sin embargo, apenas se ha podido hacer nada. Salvo en el caso de Pinochet, España no ha podido condenar a los responsables de tanta sangre derramada al otro lado del océano Atlántico.
Que la llama de su memoria sigue viva lo prueba la iniciativa de los vecinos de Quintana Raneros, cerca de León, que desde el pasado verano recogen firmas para pedir que Moisés Cisneros Rodríguez sea beatificado.
Moisés Cisneros, uno de los leoneses que aparecen en esos sumarios abiertos por Garzón, fue asesinado en Guatemala el 29 de abril de 1991, supuestamente todavía por miembros del Ejército. Marista, su único delito fue ser director de una escuela en uno de los barrios más pobres de la capital. El conocido como sector 6.
Su violenta muerte se incorporó a la querella interpuesta por la Fundación Rigoberta Menchú ante la Audiencia Nacional hace seis años. Garzón también la tramitó. La fundación de la premio Nobel de la Paz quería queEspaña actuara como hizo Garzón contra Pinochet, pese a que la Fiscalía de la Audiencia Nacional mantuviera que no era competente para juzgar hechos cometidos en otros países. La inclusión de asesinatos de españoles abrió una nueva vía para la esperanza. El caso de Cisneros se unió a la causajunto al de otros dos religiosos españoles asesinados en Guatemala en 1981, Ángel Martínez Rodrigo, misionero seglar, y Carlos Pérez Alonso, jesuita. Era el caso era el 18.225, el mismo número que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico creada en Guatemala dio al religioso leonés. En ese informe, en apenas ocho líneas, queda claro que fueron “presuntos miembros del Ejército los que ejecutaron”. En Guatemala, tras20 años de investigación, nadie había movido un dedo contra sus asesinos.
El 25 de febrero de 2003, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España emitió una resolución que determinó abrir un proceso judicial contra ocho civiles y militares guatemaltecos, encabezados por los ex gobernantes Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores, involucrados en el asesinato de cuatro sacerdotes y tres diplomáticos españoles a manos de grupos contrainsurgentes guatemaltecos a principios de los años 80. El fallo denegó, en cambio, abrir una investigación por genocidio cometido contra miles de ciudadanos guatemaltecos, alegando limitaciones de territorialidad. La resolución fue recibida por los denunciantes, encabezados por la Fundación Rigoberta Menchú y familiares de las víctimas, como un debilitamiento de la justicia internacional en casos de genocidio.
Apenas cuatro meses antes de su asesinato, en la apertura del curso escolar en su colegio, el marista leonés había dicho a padres y profesores: “Para ustedes, los más pobres, los más necesitados, los más humildes, es esta escuela marista”. Sus palabras están recogidas en un pequeño libro sobre su vida, “Testigo del amor a Dios hasta dar la vida”.Según la biografía escrita en su memoria por los hermanos maristas, “al parecer, dos individuos desconocidos entraron en la Dirección y le dieron muerte, dejándolo en un cuartito-bodega contiguo a la misma”. Su cadáver fue encontrado por otro marista leonés, Gregorio Linacero, en medio de un gran charco de sangre. Activo dirigente de la Confederación de Religiosos de Guatemala (Confregua) que reúne a las 111 congregaciones de religiosos que trabajan en el país centroamericano, era consciente de las amenazas de grupos radicales.
A finales de 2007, la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal de justicia de Guatemala, dejó sin efecto el proceso judicial contra cinco militares y dos civiles guatemaltecos acusados de genocidio por la Audiencia Nacional española. La CC resolvió a favor de los implicados un amparo que habían presentado hacía un año contra el máximo tribunal español, que pretendía extraditarlos a España.Con esa resolución quedaron sin efecto las órdenes de captura con fines de extradición.
Lo mismo ha ocurrido con el sumario abierto contra militares argentinos. También se ha dado carpetazo. Dos de los tres leoneses desaparecidos durante la dictadura militar eran hijos de emigrantes: Armando Prieto, cuyos padres eran de San Andrés de los Puentes, cerca de Torre del Bierzo, y Eusebio Mouriño, de madre leonesa. María Guadalupe del Reguero —la tercera leonesa desaparecida— nació en Rabanal de Laciana en 1924 y era emigrante en Buenos Aires. En total, la asociación que reúne a los desaparecidos españoles tiene recogidos 44 casos y otros 200 de descendientes. De los tres leoneses, como de tantos desaparecidos,apenas hay más información que la que aparece en el Habeas Corpus, la ficha que se presenta en una denuncia por desaparición. El nombre, la dirección y el lugar donde desapareció. Ni Armando, ni Eusebio, ni Guadalupe conservan ya familiares directos en León. Eusebio Jesús Mouriño González era de ascendencia leonesa por parte materna. Su madre, Josefa González, nació en León y emigró a Buenos Aires. Su padre era gallego. Abogado de profesión, estaba casado y desapareció el 25 de noviembre de 1976 en la calle Italia y Dean Funes del distrito de Florida, en Buenos Aires. “Le identificaron, fue secuestrado y desapareció”, escribió Rubén Cacuzza, ex decano del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján, en la página web que recoge el listado de desaparecidos durante la dictadura argentina.
De los tres casos es del que más datos se tienen, aunque ninguno de ellos relevante para dar con alguna pista que condujera a saber qué pasó. Su familia reside hoy en Buenos Aires.
María Guadalupe del Reguero nació en Laciana el 8 de noviembre de 1924. Fue secuestrada en Buenos Aires por una docena dehombres no identificados el 28 de diciembre de 1977 junto a su marido y su hijo, de 26 años, que sería liberado la noche siguiente.
Armando Prieto Alonso también es hijo de leoneses. Sus padres nacieron en San Andrés de los Puentes, cerca de Torre del Bierzo, y emigraron a Argentina. Era obrero de profesión y aficionado al teatro. Muy poco se sabe de las circunstancias de su desaparición. Apenas el día, el 21 de julio de 1976. Su padre había muerto ya cuando desapareció. Su madre, María del Carmen Alonso de Prieto, residía en Buenos Aires y durante mucho tiempo se relacionó con la Comisión de Desaparecidos Españoles, según recuerda su presidenta, María Consuelo Castaño.
El pasado mes de mayo, en una visita a Buenos Aires, Baltasar Garzón lamentó que la Justicia haya sido insensible durante muchos años con las víctimas de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura argentina.
El juez abrió la posibilidad de que se levantaran en España cargos de genocidio contra funcionarios argentinos por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura argentina de 1976-1983.
En ese contexto, el 19 de abril de 2005, la Audiencia Nacional condenó al represor Adolfo Scilingo a 640 años de prisión. Pero ahí acabó su actuación. Como afirma amargamente Ernesto Sábato: “En la Argentina de hoy, cuando caminamos por nuestras calles, sabemos que nos cruzamos con asesinos y torturadores de la peor calaña, que se mueven entre nosotros con toda libertad”.
Garzón movió conciencias en Argentina, en Chile, en Guatemala, pero nadie ha condenado de momento a los asesinos de Armando, de Eusebio, de Guadalupe o de Moisés. Sus casos siguen abiertos tantos años después.