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8 de cada 10 secretarios de Justicia secundaron la huelga
La actividad se paró con una incidencia que superó la media regional y nacional
La mayoría de los secretarios judiciales de León se concentraron a la puerta de los Juzgados. SECUNDINO PÉREZ
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Alicia Torres León
Los secretarios judiciales de León secundaron mayoritariamente el paro convocado ayer de 10:00 a 13:00 horas por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) y de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ).
Según datos aportados por el Tribunal Superior de Justicia, fueron 29 los secretarios judiciales leoneses que respaldaron esta medida de un total de 37. Es decir, un seguimiento del 78,3% –8 de cada 10 profesionales de este colectivo de Justicia no acudieron a su trabajo–, la provincia con el mejor porcentaje de la Comunidad tan sólo superada por Valladolid (84,4%); aún así, hay que destacar que León superó la media regional que rozó el 71% o el nacional del 73% de incidencia frente al 90% que dan los convocantes.
A excepción de los servicios mínimos, limitados a las causas con preso, y de las vistas celebradas en el juzgado de guardia, la actividad en la sede judicial de Sáenz de Miera y en la Audiencia Provincial quedó paralizada durante gran parte de la mañana. Cerca de medio centenar de juicios se suspendieron ante el paro de secretarios judiciales, una ‘figura’ imprescindible para una vista.
Las asociaciones (CNSJ y UPSJ) emitieron por su parte un comunicado en el que esgrimen los argumentos del paro laboral. Su primera intención es “hacer saber a la ciudadanía las carencias con las que trabajamos y ante las que tenemos que redoblar esfuerzos”, reconociendo que esta decisión fue tomada tras conocerse la sanción impuesta por el Ministerio de Justicia a su compañera Juana Gálvez (dos años de suspensión de empleo y sueldo) en el polémico trámite judicial del ‘caso Mariluz’.
Este colectivo considera que se pretende así “encubrir la ausencia de reformas modernizadoras de la Justicia a las que está obligado el Ministerio desde la Ley Orgánica del 2003, que incluye la creación de la Oficina Judicial de la que se deriva la creación de servicios comunes dirigidos por los propios secretarios y la ausencia de inversiones y de prestación de medios materiales y personales”.