La existencia de un consenso sobre la “normalización lingüística” ha sido un espejismo de larga duración en Galicia. Los tres partidos representados en el Parlamento autonómico se culpan ahora unos a otros de haberlo roto. O sea, de hacer trizas la fantasmagoría que ha presidido la génesis y el desarrollo de la imposición. Se sustentaba la entelequia en que ellos, los partidos, estaban de acuerdo en que la presencia del idioma español en estas tierras era una “anomalía” y que nosotros, los ciudadanos, aceptábamos esa sinrazón y acatábamos los totalitarios planes destinados a desalojar la patología. En Galicia, en gallego –era el lema facilón– y no se hable más.
Durante un par de décadas no se habló más. De tal manera se calló, que los normalizadores podían invocar el respaldo de la sociedad. No faltaron los grupos y lobbies que, en razón de unos u otros intereses, justificaran y jalearan, en nombre de la sociedad civil, aquella política abusiva. Tan plena ha sido la fusión del poder y esos satélites subvencionados, que un tinglado creado por el nacionalismo, como la Mesa pola Normalización Lingüística, se atreve a presentarse como organismo oficial y a amenazar con expedientes a los que desafíen sus ucases.
El tiempo del silencio se ha acabado, pero sólo si se consideran el prolongado mutismo y la duradera vigencia del tabú pueden valorarse en su justa medida los actos de disidencia. De ahí el mérito extraordinario de las campañas de Galicia Bilingüe y de la manifestación que convocó el domingo, en La Coruña, la Mesa por la Libertad Lingüística. La importancia de la manifestación coruñesa se ha visto corroborada por un hecho diferencial: su escasa presencia en la prensa gallega. Usan la manipulación como arma y el silencio como escudo.