La reacción a las sanciones deja paralizada la Justicia

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, durante el pleno del Congreso. J.J.Guillen (efe)

Carlota Garrdo (FP) Madrid
La huelga de secretarios judiciales ha triunfado. En la mayoría de tribunales de todo el territorio nacional casi el 80 por ciento de estos funcionarios efectuaron un parón de tres horas, tal y como habían anunciado, en contra de la decisión del Gobierno de suspender de empleo y sueldo por un período de dos años a Juana Gálvez, que no ejecutó la sentencia que habría llevado a la cárcel al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortes, Santiago del Valle.
El propio Ministerio reconoció que la huelga tuvo un “seguimiento intenso”, con una “incidencia notable” en el servicio. Según explicó el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, las movilizaciones, que han hecho daño a los ciudadanos, son “injustificadas” y “desproporcionadas”.
Sea como fuere, los secretarios judiciales no acudieron a sus puestos de trabajo para, por un lado, salir en defensa de su compañera y, por otro, reivindicar la falta de medios de los que disponen. Es más, ya han convocado otra huelga para el próximo mes. La mayor incidencia se registró en la Audiencia Nacional, con un paro del 90,8 por ciento, mientras que el menor seguimiento fue en el País Vasco, donde solo un 58,2 por ciento de los funcionarios lo secundaron.
Durante las tres horas de parón, de 10,00 a 13,00, no se celebraron juicios, ni vistas, ni interrogatorios, únicamente lo correspondiente al juzgado de guardia. Como ejemplo, se acortó la sesión del juicio en Barcelona contra los dos jóvenes acusados de quemar a una indigente en un cajero en 2005. En Madrid, se aplazó la vista oral en la que se iba a juzgar a los cuatro acusados de asesinar al joyero José Manuel Redondo en septiembre de 2006.
Después de las movilizaciones, los secretarios judiciales emitieron un comunicado para hacer saber a la ciudadanía las necesidades y carencias con las que trabajan diariamente, viéndose obligados a redoblar esfuerzos para prestar un servicio público de calidad. A su juicio, la sanción de Gálvez ha sido utilizada por el Gobierno para “encubrir” la ausencia de reformas modernizadoras de la Justicia, y por eso exigieron el cese del ministro Mariano Fernández Bermejo.
Entre sus exigencias aparece el desarrollo de la regulación de la Oficina Judicial la creación de correspondientes servicios comunes dirigidos en exclusiva por secretarios judiciales y la reforma de las leyes procesales, con una correcta división de funciones entre la carrera judicial y el cuerpo de secretarios.
Los convocantes estuvieron apoyados por el resto de compañeros, entre abogados y procuradores, e incluso por los propios jueces, a los que desde el Ejecutivo se acusó de llevar a cabo una “huelga encubierta”.
Los magistrados negaron que participaran en el parón, aunque decidieron celebrar juntas en toda España a las mismas horas que tuvo lugar la huelga para reclamar al Gobierno una serie de cambios en la Administración de Justicia.
Desde todos los órganos judiciales se emitió un comunicado, que en líneas generales exige los mismos aspectos. En primer lugar, que acaben las “injerencias” de los responsables políticos en las facultades disciplinarias que competen exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial.
Además, solicitan que exista un ratio similar a los países de primer orden de la Unión Europea (Alemania tiene 24 juzgados por cada 100.000 habitantes, frente a los 10 con los que cuenta España) y piden una “urgente” implantación de la Oficina judicial, con delimitación “clara y precisa” de las funciones y responsabilidades de los jueces.
Los magistrados reclaman al Gobierno una aplicación informática, “eficaz y homogénea” en todo el territorio nacional, con interconexión de redes que permitan conocer el estado del procedimiento, así como los antecedentes policiales y judiciales. Y, por último, que se invierta en Justicia como mínimo el tres por ciento del total del Presupuesto General del Estado.
Si todas sus exigencias no se cumplen, los magistrados podrían estudiar incluso llegar a la huelga abiertamente, porque están “hartos” de asumir con su “esfuerzo personal” la falta de inversión. Sin embargo, parece que existen ciertas discrepancias a la hora de plantear si los jueces tienen este derecho. Mientras éstos consideran que sí que pueden, el Gabinete no lo tiene tan claro y dice que, al no tener libertad sindical, tampoco disfrutan de derecho a la huelga.