La socialista Ángela Marqués recordó al taxista asesinado en Ponferrada
L.C. Ponferrada
El Grupo Popular vinculó ayer la creación de una línea de ayudas para la instalación de sistemas de seguridad en los taxis y evitar así posibles causas de falta de seguridad para los profesionales de este servicio público a la realización de un estudio, lo que motivó que rechazara la proposición no de ley de UPL, a la que se sumaron los procuradores socialistas.
La iniciativa había sido presentada ante el pleno por el procurador de la UPL Héctor Castresana, quien sostuvo su propuesta en la denuncia de la Confederación de Taxis de España que sitúa a Castilla y León entre “las pocas comunidades” donde no hay ninguna partida presupuestaria de ayuda directa para que se instalen sistemas de seguridad en los vehículos. “Quiero que se apruebe en esta Cámara que los taxistas estén más protegidos”, afirmó el procurador, en referencia a que no se produzcan sucesos como el asesinato reciente de un taxista en Ponferrada.
Para ello planteó una línea de ayudas económica que aporte un porcentaje no inferior al 50% para sufragar los gastos que origine la instalación de elementos de seguridad en los vehículos destinados al taxi. La procuradora socialista berciana Ángela Marqués, que inició su intervención expresando su solidaridad con la familia del taxista ponferradino asesinado, José Miguel Alves, calificó de “cobarde”la enmienda del PP por entender que no se atreven a decir que no y proponen un paso medio como es la realización de un estudio. “El estudio está hecho, mientras que el sector demanda medidas”, replicó, y preguntó: “¿Hasta cuándo hay que esperar?”.
