El auto del juez Garzón ha servido, entre otras muchas cosas, para demostrar que el archiconocido argumento de que las heridas de la última guerra civil estaban cerradas no es más que una burda falacia. Lo paradójico es que los mayores defensores de tal afirmación han acabado siendo los principales encargados de demostrarlo.
En primer lugar, los políticos del Partido Popular, siempre susceptibles ante cualquier medida a favor de las víctimas del franquismo. Un apoyo sin fisuras a una condena al golpe de Estado franquista y a la posterior dictadura hubiera sido suficiente para romper ese incómodo lastre, pero su actitud y sus declaraciones no han hecho más que demostrar que muchos políticos populares siguen plenamente identificados con los golpistas del 36.
En la misma tesitura se sitúa la iglesia católica, que ha hecho oídos sordos ante la petición de información del magistrado. Eso sí, el portavoz de los obispos acaba de avanzar que ya preparan, para los próximos meses, otra beatificación masiva de “mártires”, entre los cuales tampoco estarán esta vez aquellos religiosos que fueron asesinados por los sublevados y que siguen enterrados en alguna cuneta.
Por otro lado, cabe destacar la oposición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, cuyo recurso se ampara en la Ley de Amnistía, diseñada por las autoridades franquistas y que entró en vigor en 1977 en un país sin libertades y atenazado por el miedo.
Y, por último, mención especial para los revisionistas, que no han desaprovechado la oportunidad que les brindó el silencio impuesto en la Transición y la generosidad de los perdedores para seguir equiparando lo legal y lo ilegal y poner al mismo nivel a las víctimas y a sus verdugos.
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