24 imputados por cobrar o pagar la extorsión de ETA

El centro neurálgico de la red de chantaje terrorista estaba en un bar de Irún. EFE

A.G. Madrid
La Audiencia Nacional recobró ayer, por partida doble, el protagonismo en la lucha contra ETA. Tras varios meses durante los que la voz cantante del acoso a la banda ha tenido acento francés, el tribunal madrileño se puso ayer las pilas y, además de reactivar la búsqueda de José Ignacio de Juana Chaos, decidió imputar a 24 personas, entre ellas varios empresarios, por su implicación en el mal llamado impuesto revolucionario.
Por lo que respecta al cerco contra el aparato de extorsión, el omnipresente Baltasar Garzón, ha decidido imputar a 24 personas, incluidos seis responsables de la empresa Azkoyen.
Sin embargo, entre los acusados de colaborar económicamente con los terroristas no está el ex dirigente de Relaciones Internacionales del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Gorka Aguirre, pero sí el dueño del bar Faisán, el establecimiento irundarra desde donde, según el juez, la banda canalizaba las remesas de cartas de extorsión y se realizaban los pagos y cobros. Además, el propietario se dedicaba a recopilar información de empresas y personas susceptibles de ser chantajeadas.
El magistrado justifica la retirada de cargos contra el peneuvista, no porque no exista vinculación con el impuesto revolucionario, sino porque los testimonios de los testigos aportados por su defensa -entre los que estaban el presidente del PNV, Íñigo Urkullu o el ex líder jeltzale Javier Arzallus- han sembrado “dudas razonables” sobre su culpabilidad. Según sus valedores, Aguirre no colaboraba con los asesinos, sino que era una especie de espía infiltrado por el Partido Nacionalista Vasco.
Menos suerte ha tenido la plana mayor de Azkoyen, seis de cuyos miembros habrían pagado a ETA, entre 1995 y 2001, al menos 37 millones de pesetas (222.374 euros) que fueron convertidos en divisas y entregados en la localidad francesa de Bert a dos terroristas. El magistrado les acusa de no denunciar la extorsión, algo que equivale a colaborar.
En cuanto a la casi esperpéntica fuga del más sanguinario terrorista de la banda, el juez Eloy Velasco parece, por fin, haberse cansado de seguirle buscando y, tras casi tres meses intentando indagar su paradero en Irlanda para solicitarle que acudiera a declarar como testigo, el magistrado ha decidido imputarle por un posible delito de enaltecimiento del terrorismo con motivo de la carta que él mismo escribió para su homenaje el día que dejó la prisión y citarle para que acuda a Madrid.
Si, como parece más que previsible, De Juana no regresa a España motu proprio, para acudir a la Audiencia el 11 de noviembre, se ordenará su captura.
Todo ello llega después de que el juez intentara comunicarse con el criminal en su domicilio en San Sebastián, en la dirección que dejó en una comisaría de Dublín, en el despacho de abogados de Belfast que se ofreció para mediar entre el etarra y el juzgado y por correo electrónico. El togado considera que son suficientes vías para que De Juana tenga conocimiento de su citación. Por eso, y en contra de la Fiscalía, que apostaba por seguir buscándole a través de la Interpol, Velasco ordenará que se le arreste si no acude a la Audiencia.
Ahora, tras esperar otro plazo, la Justicia dictará una orden internacional de busca y captura, cuyo éxito se antoja poco menos que utópico si el asesino decide esconderse, ya sea en Irlanda, ya junto a sus decenas de compañeros ocultos en Francia o en diversos países de Hispanoamérica.