Las desavenencias políticas entre Ibarretxe y Zapatero sobre el referéndum soberanista, que se habría celebrado hoy, no han impedido el acuerdo presupuestario Gobierno-PNV
El ‘lehendakari’, Juan José Ibarretxe, ha visto cómo su proyecto soberanista se ha ido diluyendo por la presión del Gobierno y la Justicia. efe
J.M.B. Bilbao
Los reproches mutuos durante más de un año entre Gobierno y PNV ante la pretensión del lehendakari de convocar para hoy una consulta soberanista en el País Vasco, no han impedido que, tres días antes de esa cita fallida, escenificaran su acuerdo para salvar los Presupuestos del Estado.
El anuncio, que realizó Juan José Ibarretxe de que el día en que se conmemora el 29 aniversario del Estatuto de Gernika los ciudadanos vascos podrían expresar su opinión sobre el futuro de Euskadi, fue recibido desde un primer momento con un rechazo frontal por parte del Ejecutivo y del PP.
El líder autonómico avanzó la fecha de este referéndum en el debate de política general celebrado por el Parlamento de Vitoria el 28 de septiembre del año pasado.
La consulta ha quedado en nada después de una serie de avatares políticos y judiciales.
Ibarretxe quiso entablar primero un diálogo directo con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero para defender su iniciativa, pese a que los mensajes reiterados que le llegaban desde Moncloa no dejaban ninguna vía de salida a la misma. La entrevista entre ambos se celebró el 20 de mayo, unos días después de que el lehendakari enviara al jefe del Ejecutivo un documento proponiéndole un pacto para que la sociedad vasca pudiera “ejercer el derecho a decidir libremente su propio futuro”.
Dos horas y media de encuentro no sirvieron para que ninguna de las partes modificara un ápice su postura, ya que el presidente del Gobierno salió de la misma calificando la intención de Ibarretxe de “viaje a ninguna parte” y éste le volvió a emplazar a un pacto político que desembocara en un referéndum sobre el futuro del País Vasco.
A finales de mayo, Ibarretxe seguía expresando su esperanza en votar el 25 de octubre y, de hecho, hizo públicas las dos preguntas de la consulta.
La primera pretendía saber si los vascos estaban de acuerdo en “apoyar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre”.
La segunda se interesaba por conocer si se estaba de acuerdo en que “los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo, y que dicho pacto sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010”.
Por un solo voto de diferencia (el de un representante del PCTV), la Cámara autonómica respaldó la propuesta el 27 de junio, aprobación que fue respondida con un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno.
La consulta quedó en suspenso pocos días después, tras la admisión por parte del alto tribunal de ese recurso y de otro presentado por el PP. El golpe definitivo a la aspiración del lehendakari llegó el 11 de septiembre, cuando el Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Consulta. Su promotor aseguró que acataba la decisión, pero no se resignaba.