Ocho detenidos por ofrecer falsos contratos a extranjeros

L.C. León
Agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho personas en León como presuntas autoras de diversos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, cohecho y estafa.
Los detenidos captaban a ciudadanos extranjeros en sus países de origen y que estuvieran interesados en trabajar en España. Les ofrecían falsas ofertas de empleo a cambio de cantidades que oscilaban entre los 2.000 y los 9.000 euros.
Las empresas investigadas han tramitado más de 170 solicitudes para trabajadores extranjeros, por lo que se calcula que los detenidos podrían haber obtenido, mediante la gestión fraudulenta de los permisos de trabajopara estas personas,más de medio millón de euros de beneficios.
Entre los arrestados se encuentran cinco empresarios, un funcionario de la Administración General del Estado y un letrado, todos ellos leoneses, así como una mujer de nacionalidad ucranianaque actuaba como intermediaria entre los empresarios y los trabajadores estafados. La operación policial ha sido realizada por la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) y la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de León.
Intermediarios
El año pasado, una ciudadana chilena denunció la existencia de unentramado compuesto por varios empresarios españoles que, a través deintermediarios de origen marroquí y ucraniano, se dedicaba a la captación de trabajadores en sus países de origen. Personas a las que proponían falsas ofertas de empleo en sus empresas y sociedades a cambio de diversas cantidades de dinero. Una vez en España, las víctimas se encontraban con que no había trabajo para ellos, que las empresas no existían o que el puesto de trabajo ofertado no era real.
Los agentes pudieron identificar a los responsables de los hechos investigados, así como a las empresas y asesorías utilizadas para la tramitación de las solicitudes de Autorización de Residencia y Trabajo y la renovación de éstas.
Los intermediarios de la organización, en sus países de origen, captaban, a petición de los empresarios ahora detenidos, a personas que quisieran venir a trabajar a España. Les prometían un contrato de trabajo y unas altas remuneraciones por dicha actividad relacionada con la construcción o la limpieza. Los supuestos futuros trabajadores debían abonar cantidades que oscilaban entre los 2.000 y 9.000 euros, según su situación económica que era conocida por dicho captador, hipotecando sus casas y bienes para saldar dicha deuda.
Una vez en España, eran obligados a empadronarse en la provincia de León, donde figuran las empresas “contratantes”. En ocasiones, dichos empresarios no daban de alta a los trabajadores en la Seguridad Social, o si lo hacían era por un número muy escaso de días, incluso hay casos en los que las víctimas han declarado que nunca llegaron a trabajar.