Se cumplieron nuestras peores previsiones sobre el paro y también se confirmó que el dato debía ser tan grave como para que el Gobierno aplazara un día su presentación, con el fin de dar tiempo al presidente a anunciar sus medidas de urgencia en favor de los desempleados. También desgraciadamente se confirma la entrada en una recesión como no se ha conocido en las últimas décadas y que España será uno de los países de la órbita occidental que más afectado se verá a causa del estallido de la burbuja inmobiliaria. En León ha sido Herrera el que también ha reconocido la gravedad de la situación y ha lanzado la oferta de un gran pacto de Estado para intentar atajarla. No le falta razón al presidente de Castilla y León, porque son las comunidades autónomas las que tienen en este momento transferidas las competencia sobre empleo y las que deberán afrontar a la larga, junto con los ayuntamientos, la atención directa a los parados y la búsqueda de nuevos trabajos a los desempleados, más allá de las medidas aprobadas por el Gobierno, vinculadas a las prestaciones por desempleo, ayudas fiscales o la de ayudas al pago de las hipotecas. De mantenerse la actual tendencia, las oficinas de empleo , los servicios municipales de asistencia y de fomento al empleo, las iniciativas sindicales y empresariales, dirigidas sobre todo a la formación, y hasta los servicios sociales municipales y de organizaciones no gubernamentales pueden verse colapsados y bloqueados por una demanda que busca en todos los lugares lo mismo. Ahí es donde debe incidir ese pacto de Estado que, con el liderazgo del Gobierno, debe coordinar los fondos económicos y exigir una gestión eficaz a las administraciones y organizaciones más cercanas al ciudadano.
