El Gobierno endurece el Código Penal para frenar “la impunidad”

Fernández de la Vega y Mariano Fernández Bermejo detallaron la futura reforma legal. s. Barrenechea (efe)

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• El apunte

Agencias Madrid
Por fortuna, además de corruptelas, polémicas judiciales, absentismo en el Congreso y presencias testimoniales en la Cumbre del G-20, la política a veces también se ocupa de dar soluciones a los problemas reales de la sociedad. Es el caso de la iniciativa adoptada ayer por el Consejo de Ministros, que aprobó el anteproyecto por el que se modifica la Ley Orgánica del Código Penal de 1995. La normativa, que cuenta con el respaldo de buena parte de la oposición y que, en consecuencia, tendrá un plácido paso por las Cortes, presenta como novedades principales un endurecimiento de penas para terroristas y pederastas, así como mayores medidas de control una vez que tales criminales abandonen la prisión. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, presentaron ayer la iniciativa como “un claro mensaje a los violentos de que no habrá resquicio para la impunidad”.
Asimismo, el futuro texto pretende ser “una llamada a la tranquilidad para los ciudadanos, que estarán más protegidos frente a quienes hayan quebrantado la ley tan gravemente, aunque hubieran cumplido la pena principal en su condena”, según relató la número dos del Ejecutivo.
Por su parte, el titular de Justicia hizo hincapié en la conveniencia de la reforma a la luz de “los acontecimientos que hace unos meses han conmocionado a la opinión pública” en relación al caso Mari Luz, así como “del compromiso del presidente del Gobierno para sacar adelante una modificación que regulara con mayor precisión y diera una respuesta más contundente a los crímenes de pederastia, que preocupan de una manera especial”.
El anteproyecto -cuyas propuestas tendrán que ser finalmente aprobadas en el Congreso -crea la figura penal denominada libertad vigilada para el control y seguimiento de terroristas y delincuentes sexuales.
El inicio del cumplimiento de esta pena accesoria, que puede alcanzar los 20 años de duración, tendrá lugar siempre a partir de la salida de prisión.