Agencias Roma
La decisión del Tribunal Supremo de autorizar la supresión de la alimentación a Eluana Englaro, una mujer de 37 años que se encuentra en estado vegetativo desde hace 17, ahonda la división sobre la eutanasia de la sociedad italiana, que, desde muchos sectores, exige una legislación al respecto.
Mientras el padre de Eluana, Giuseppe Englaro, llevará discretamente a su hija a una clínica en Udine para que se ejecute la acción por la que lleva luchando una década, la Iglesia y el mundo de la ciencia, los políticos conservadores y la izquierda, junto al resto de la opinión pública, mostraron ayer las profundas divisiones sobre el derecho a morir.
“Dejar de dar de comer y beber a Eluana equivale a un homicidio, significa condenarla a un fin monstruoso (...) El derecho a la muerte no existe, la vida es sagrada”, expresó así la posición del clero el ministro de Sanidad del Vaticano, cardenal Javier Lozano Barragán, en una entrevista publicada en La Stampa.
En este mismo rotativo, el ex titular de Salud en el Ejecutivo central y prestigioso oncólogo, Umberto Veronesi, sostuvo que la sentencia “es una victoria de los principios de la Constitución y una demostración de valor y coherencia por parte de los jueces”.
El experto recalcó que el caso de Eluana no es eutanasia, ya que la paciente no ha pedido la interrupción de la vida, y apuntó a la necesidad, para que no se repitan tragedias como ésta, de una norma que prevea el testamento vital; documento en el que una persona en viva y capaz dispone la forma en la que desearía morir en casos como el de Eluana.
