Los sindicatos sacan a la calle su exigencia sobre seguridad laboral

La manifestación, en la que participaron cerca de 300 personas, recorrió las principales calles del centro de la ciudad de Ponferrada hasta la plaza de Fernando Miranda. GAZTELU

NOTICIAS RELACIONADAS

• Prada: “Casi todos nuestros muertos pudieron no haberlo sido”

Ana Rosalina López Ponferrada
Los sindicatos CCOO y UGT reclamaron ayer en manifestación por las calles de Ponferrada mayor control de las administraciones y más inversión de las empresas en lo relativo a seguridad y prevención de riesgos laborales. El motivo, los nueve trabajadores muertos en la comarca en lo que va de año, una cifra que animó ayer a unirse a la protesta sindical a cerca de 300 personas desde la avenida de Valdés, pasando por la plaza de Julio Lazúrtegui, hasta la plaza de Fernando Miranda, donde el cantautor berciano Amancio Prada fue el encargado de dar lectura del manifiesto para reclamar más seguridad y menos muertes. En la protesta participaron miembros de CCOO y UGT de Castilla y León, además de los responsables comarcales de ambos sindicatos, aunque también hubo presencia de miembros del PSOE y del Mass del Ayuntamiento de Ponferrada, así como del Partido del Bierzo y de Izquierda Unida, e incluso alcaldes como el de Bembibre, Jesús Esteban.
La responsable autonómica de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, Francisca Ortega, señaló que este año ha sido “nefasto” en cuanto a siniestralidad laboral. Desde principios de año el número de accidentes laborales totales se ha reducido, sin embargo, los que han dado como resultado la muerte de trabajadores se han incrementado en un 30% en Castilla y León, un total de 77 víctimas a falta de dos meses para que termine 2008, frente a los 72 trabajadores muertos en 2007. Una tendencia que en la comarca del Bierzo “se ha visto incrementada considerablemente”. En lo que va de año han subido un 200% los accidentes ‘in itinere’ (desplazamientos fuera del lugar de trabajo) en la Comunidad y por ello “esta situación no la podemos sostener”. UGT hizo ayer un llamamiento a las empresas para que en un momento de crisis “no caigan en la tentación” de reducir los gastos en riesgos laborales. Esta es una decisión “nefasta”, ya que, según la Organización Internacional del Trabajo, los accidentes mortales “matan a millones y cuestan millones”. Así, Ortega manifestó que un accidente grave puede suponer una pérdida de 84,4 horas y uno leve, 26. Por otra parte, exigió a los poderes públicos que sean “contundentes” en el control de la siniestralidad, evitando una relajación en el cumplimiento de la normativa.
“León en este momento es la provincia que más accidentes ha registrado y la comarca del Bierzo es una de las más altas en este momento” en toda Castilla y León. La precariedad laboral y siniestralidad están “íntimamente unidas”, puesto que las empresas reducen gastos en seguridad y, por ello, “las condiciones de trabajo son peores y los accidentes son mayores”. Esta situación tiene claro reflejo en los sectores de la industria, la construcción y los servicios, que actualmente son los que registran mayor número de accidentes laborales. Sin embargo, la minería “es un sector aparte”, porque en este sector la prevención de riesgos laborales “tiene mayor cultura preventiva”.
Por su parte, el secretario de Salud Laboral de CCOO en Castilla y León, Mariano Sanz, recordó que los accidentes mortales de la comarca berciana “han estado directamente relacionados con medidas de seguridad” y con la falta de aplicación de la prevención de riesgos laborales. “Creemos que hay problemas estructurales y hay que ahondar en la formación”, explicó. Sanz destacó que una de las principales soluciones a este problema es tener “mayores medidas de control” para elevar la eficacia de las normas de seguridad y salud laborales. En este sentido, reclamó a la Inspección de Trabajo un mayor control que, incluso, en los ámbitos rurales podría realizarse a través de la Guardia Civil, “que está muy al corriente y muy al tanto de muchas situaciones”. Reclamó “respeto” para las normas y “dignidad” para que los trabajadores no sean tratados como un mero número de la Seguridad Social y para la supervivencia económica de las familias que sufren estas tragedias.
El secretario autonómico de Salud Laboral de CCOO explicó que en la Comunidad hay un inspector de trabajo por cada 1.250 empresas, lo que supone entre 20.000 y 30.000 trabajadores. “Si en Castilla y León conjugamos ese número de inspecciones con la dispersión geográfica que tenemos, nos damos cuenta de que tenemos que redoblarlo más” y, además, la Junta de Castilla y León “hace tres años tenía que haber puesto en funcionamiento los técnicos habilitados”, que son aquellos que apoyan a la Inspección de Trabajo con todos los requisitos de un inspector y “aún no están puestos”. Por ello reclamó “voluntad política” para establecer un “más control y firmeza” para cumplir las normas.
También los responsables bercianos de ambos sindicatos insistieron en un mayor control de las administraciones. Así, el responsable de UGT, Omar Rodríguez, consideró “importantísimo” y “fundamental” crear en el Bierzo una delegación de la Inspección de Trabajo debido al parque industrial comarcal y el elevado número de accidentes mortales registrados. Por su parte, el responsable de CCOO en el Bierzo, Vicente Mirón, reivindicó “el trabajo digno y que la gente tenga certeza de que vuelve a su casa en las mismas condiciones en las que la dejó”. Insistió en que la sociedad debe concienciarse en obligar a la administración a que cumpla la legislación, “que es donde viene fallando”.
Los responsables de UGT y CCOO en el Bierzo también se refirieron ayer al anuncio de recortes de empleo en el sector pizarrero. Rodríguez se mostró esperanzado en que el recorte de unos 900 puestos sea finalmente menor y que la crisis no sea aprovechada por las empresas “para hacer ajustes de plantilla”. Por su parte, Mirón aseguró que los sindicatos “hemos de ser muy cautos” para diferenciar recortes debidos a merma de producción de aquellos que tienen como fin mejorar las cuentas de resultados. “No todas será necesario regularlas”, advirtió. Sin embargo, en otros casos “habrá que pactar y negociar” y a la administración “también le compete hacer cambios estructurales que nos permitan salir de la crisis con un mejor empleo y mejor estabilidad laboral”.