La inhibición del juez Garzón en la causa abierta para rescatar a los miles de asesinados por los responsables del golpe militar contra la República y de los ejecutados durante la dictadura de Franco, ha arrancado la venda que cubre el origen podrido de nuestra flamante democracia parlamentaria. Todo lo que luego las dictaduras sudamericanas pusieron en práctica, detenciones, tortura, asesinatos, desaparecidos, niños robados, persecución a las familias de ‘rojos’, fue copia exacta de nuestra dura experiencia de cuarenta años de franquismo. Un periodo de tiempo que no pasó en balde para la parte mayoritaria de la sociedad que convivió sin problemas de conciencia con la tiranía y los corrompió e incapacitó para la cultura democrática de manera incurable. Ahora surgen llamamientos en favor del ‘olvido’, un olvido que sólo cae sobre las víctimas de la ‘cruzada’ contra la anti-España. Es mejor olvidar. Seguir con una democracia edificada vergonzantemente sobre los cimientos de esas tumbas anónimas que los familiares no pueden, tras treinta años de libertades constitucionales, desenterrar, traer a la luz de la memoria sus restos. Mientras, todavía hoy se beatifica a los ‘mártires’ de la España protegida por Dios.
El estado de nuestro ordenamiento constitucional se descubre en el caso de los crucifijos de una escuela en Valladolid. Tras años de pugna en los tribunales de Justicia, una asociación de padres de alumnos ha conseguido lo que debería ser una obviedad en un régimen democrático: que en un Estado laico como la mayor parte de nuestro entorno político, la escuela pública es también un ámbito laico. “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, ordena nuestra malbaratada Constitución, pero incluso el Gobierno se desentiende y deja en manos de los centros escolares la decisión, una postura que ya condenó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2002, para quien los centros educativos carecen de dicha competencia. Está por ver que la Junta de Castilla y León acate la sentencia y retire los símbolos religiosos de las aulas. Tengo mis dudas, habida cuenta la feroz resistencia que la derecha sociológica y fáctica opone a todo lo que implique el respeto a las libertades del ciudadano y la irresponsabilidad con que el Gobierno vela por el mandato constitucional. La Constitución, salvo para garantizar la España una y trina, está tan apartada y olvidada como las tumbas anónimas de las cunetas.
José María González Suárez es coordinador general de IU-CyL
