Efe Madrid
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Ejecutivo va a promover las reformas legales que sean necesarias para impedir que representantes de una formación política ilegalizada, como ANV, pueda gobernar los ayuntamientos.
Fernández de la Vega hizo este anuncio en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de ministros, en la que ha transmitido la solidaridad del Gobierno con los familiares y amigos del empresario Ignacio Uría, asesinado por ETA en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, en la que gobierna ANV.La vicepresidenta ha garantizado que los asesinos de Uría acabarán en la cárcel y ha advertido a “quienes, parapetados tras sus actas de cargos electos, les amparan con su ominoso silencio”, de que el Gobierno no está dispuesto a seguir su juego.
Por ello, avanzó que el Gobierno va a actuar en todos los frentes, explorando todas las posibilidades que brinda la ley, para lo que ha informado de que ya se han dado instrucciones al servicio jurídico del Estado.
Precisado que se está analizando la ley de régimen local y ha explicado que se trata de un objetivo difícil porque el artículo 61 de esa norma, a la hora de hablar de la disolución de los ayuntamientos, establece unos criterios que, interpretados con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
