Efe Madrid
Los conductores que circulen con un vehículo que tenga instalado un mecanismo ilegal de detección de radares de velocidad, los conocidos como ‘anti-radares’, serán castigados con 6.000 euros, la máxima multa que puede recibir un conductor, y los que usen el navegador al volante, con 200.
Son sanciones que se contemplan en el proyecto de ley para la reforma del procedimiento sancionador en materia de seguridad vial, aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes. La reforma revisa todo el cuadro de sanciones, entre ellas la que castiga a los conductores que “se valen” de los anti-radares para “burlar” los controles de velocidad, una práctica que actualmente conlleva una multa de 150 euros y la pérdida de 2 puntos del carné de conducir.
Los juristas encargados de la elaboración del proyecto sostienen, según han señalado a EFE, que no puede ser más barata la sanción que la infracción.