la mano dura está haciendo mella entre los infractores de tráfico. En los últimos años, la política de la Dirección General de Tráfico se ha basado en el castigo como único medio constatable para bajar las dramáticas cifras de muertos y heridos graves en las carreteras españolas. Primero fue el carné por puntos y más tarde la reforma del Código Penal, que contemplaba penas de hasta cinco años por infracciones contra la seguridad vial. Sólo en un año, 318 conductores leoneses han sido detenidos como presuntos autores de este tipo de delitos hasta noviembre. O lo que es lo mismo, casi un arrestado al día. Parece un contrasentido que haya que llegar a aplicar la cárcel para evitar que los conductores peligrosos sigan por las calles con absoluta impunidad, pero no lo es. La ley debe ser lo suficientemente dura para que los conductores suicidas abandonen definitivamente una actuación que no sólo puede tener consecuencias en primera persona, sino que muchas veces también afecta a víctimas inocentes. En los últimos años se ha visto incrementada la sensibilidad social para con los accidentes de tráfico. Pero no ha sido así siempre. Está cambiando, pero aún deben establecerse más medidas para reducir las listas de fallecidos y heridos. España no puede seguir contando con los niveles de siniestralidad que tiene en la actualidad. Antes se achacaba a las malas carreteras o a los numerosos puntos negros. Hoy, aunque sigan existiendo zonas peligrosas, la red nacional de carreteras está formada por modernas autovías y autopistas. Ahora es la velocidad y las infracciones de quienes convierten un coche en una máquina suicida después de una noche de alcohol. Y contra esos no hay que parar. Siempre con la ley en la mano.
